Doctorando en Derecho Procesal de la Universidad de Valencia


LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN NICARAGUA

candado

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN NICARAGUA, UNA INICIATIVA HACIA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Hace más de dos años que está vigente en Nicaragua la Ley de Protección de Datos Personales, ley No. 787 del 21 de marzo de 2012, publicada en la gaceta No 61 del 29 de marzo del mismo año (en adelante LPDP). El reglamento a la citada norma sucedió por decreto, el 36-2012, aprobado el 17 de octubre de 2012 y publicado dos días más tarde en la gaceta No 200 (RLPDP). Tuvimos conocimiento de ambas normas apenas días atrás, que por curiosidad, realizando una búsqueda de documentos para mi investigación del “Derecho de rectificación” en España, topé con ellas.

Es de destacar el artículo 1 referido al objeto de la ley: “La presente ley tiene por objeto la protección de la persona natural o jurídica frente al tratamiento, automatizado o no, de sus datos personales en ficheros de datos públicos y privados, a efecto de garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a la autodeterminación informativa”.  El precepto está en armonía con el art. 26 de la Constitución nicaragüense: Toda persona tiene derecho: 1) a su vida privada y la de su familia; 2) al respeto de su honra y reputación; 3) A conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información y 4) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.

El art. 26 de la Constitución no está contenido en el apartado de derechos fundamentales (que no existe en la carta magna de Nicaragua) sino en “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense”, por lo que su tratamiento es muy distinto al seguido en España y que está dispuesto en el art. 18.1 de la Constitución Española (CE), que trata sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuya protección se le adjudica a la Ley Orgánica 1/1982.

Dicho esto, la LPDP tiene como primordial fin la protección de la información que los organismos públicos o privados hagan de las personas, pero ninguna garantía hay de que dicha custodia sea efectiva porque el Estado no cuenta con los medios ni recursos para ello, ni siquiera se ha creado, como la misma ley ha prescrito, la Dirección de Protección de Datos Personales (DIPRODAP, siglas adjudicadas por la misma normativa).

Hasta aquí, nada que objetar al contenido de la LPDP, puesto que representa un avance más en la protección del honor de la persona, principalmente física, que es la más susceptible de que su información íntima sea manipulada por otros, precisamente por las personas jurídicas (medios de comunicación y empresas operativas sobre todo en internet).

Con el desarrollo de las tecnologías, los dispositivos, las redes sociales y las masivas publicaciones por los medios de comunicación, el Estado se ve en la obligación de controlar estas cuestiones regulando una vez más los derechos de las personas. Pero a veces las leyes se quedan en buenas intenciones, y ésta precisamente es un ejemplo expreso de tal afirmación.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS DATOS PERSONALES

Los medios de comunicación en Nicaragua siguen conteniendo en todas sus informaciones datos relevantes de los aludidos, sus fotografías, vídeos a poder ser, nombres, apellidos, direcciones de domicilio e incluso hemos llegado a ver documentos de identidad oficiales publicados. Sólo hace falta hacer clic en una de las direcciones de internet de cualquier medio, para ver enseguida la enorme cantidad de datos de que disponen, sobre todo informaciones relacionadas con materia penal, lo cual es más sensible y que merece un pequeño estudio de nuestra parte en otro proyecto.

No hay jurisprudencia en Nicaragua que ponga en cuestionamiento las libertades de expresión y el derecho al honor, por lo que no existe ponderación de garantías constitucionales. Nos referimos al derecho de los medios de comunicación o de cualquier otra persona jurídica, de publicar o manifestar lo que deseen aunque ello signifique imputar delitos, apabullar el honor de las personas o infringir su intimidad[1]. Tampoco lo hay en el sector comercial, donde las empresas emplean los datos en sus archivos a merced de su voluntad. Personalmente, desde hace siete años veníamos recibiendo en nuestro ordenador, publicidad de una conocida mercantil nicaragüense a la que habíamos solicitado la baja de sus suscripciones y seguían llegando sin cesar. No quedó otra salida que bloquear la dirección e mail pero los datos aún siguen operativos en dicha entidad.

El art. 3 LPDP inciso e), define datos personales: “Es toda la información sobre una persona natural o jurídica que la identifica o la hace identificable”. En nuestra opinión, el precepto debió ir más lejos y ofrecer una explicación detallada o exponer algunos ejemplos (fotografía, vídeos, e mails, etc)[2] para que el interesado entienda los términos en que puede ser afectado.

UN ORGANISMO INEXISTENTE

Por otra parte, el capítulo V LPDP expone las competencias de la DIPRODAP, pero nada dice de su composición y mucho menos en el reglamento establece a quién acudir para la interponer la correspondiente reclamación[3]. Si bien es cierto que ningún sentido tiene discutir el procedimiento cuando ni siquiera existe el organismo encargado.

La LPDP tiene carácter administrativo, de acuerdo con art. 52;  agotada esta vía, se entra a la vía jurisdiccional a través del recurso de amparo[4]. En este punto hay una incongruencia y un vacío legislativo de enorme magnitud, puesto que ni la ley ni su reglamento establecen los términos en que se pueden transgredir los arts. 182, 183 y 196  que son los que protege la Ley de Amparo (No 49) y que tratan sobre la supremacía, la subordinación de las autoridades y la vigencia de la Constitución respectivamente.

HACIA UNA EDUCACIÓN SOCIAL

Entendemos que la LPDP está siguiendo las legislaciones aledañas en Nicaragua, las más próximas o las más influyentes, un esnobismo que le es difícil de aplicar porque las estructuras del Estado y de la sociedad civil no están preparadas para poner en marcha una ley de tal magnitud, que implica que toda persona natural o jurídica que esté en posesión de información de datos, pueda manipularlos de acuerdo a las garantías constitucionales.

Lo primero para dar inicio al cumplimiento de esta ley, sería poner en conocimiento de toda la maquinaria estatal y de las personas jurídicas involucradas (medios de comunicación y empresas en general que dispongan de datos personales) para el adecuado tratamiento.

Una campaña empieza desde los mismos medios de comunicación, pero también corresponde al sector docente sobretodo de centros de educación superior, poner en conocimiento de su alumnado, no sólo el contenido de la ley, sino su razón de ser, principalmente haciendo énfasis en las normas constitucionales que pueden verse conculcadas.

Oscar Mendoza

El autor el doctorando en Derecho Procesal de la Universidad de Valencia

 


[1] En Nicaragua los medios de comunicación no tienen una apreciación jurídica delimitada de “libertad de expresión”, la que muchas veces entienden que se ve coartada porque los organismos estatales tratan de controlar sus publicaciones. Ver http://www.confidencial.com.ni/articulo/11615/nicaragua-iquest-cual-libertad-de-expresionn

[2] La normal homóloga en España es la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que en sus definiciones, se asemeja bastante a la de Nicaragua, pero que durante el desarrollo de las distintas disposiciones, se van incluyendo términos tales como video vigilancia, imágenes, etc.

[3] El Art. 35 RLPDP aclara: “Cuando la DIPRODAP tenga conocimiento de cualquier infracción a la Ley, su Reglamento y demás disposiciones conexas, iniciará la investigación e instrucción del expediente de conformidad al procedimiento administrativo establecido en el presente Reglamento”. No se especifica aquí el funcionario competente que conoce del asunto.

[4] Aquí también la ley entra en contradicción, o al menos en su redacción. El mismo artículo 52 dice que no existe vía jurisdiccional, pero también dispone las palabras “a través de la vía jurisdiccional”.