NICARAGUA, ENTRE EL CAOS, LA ANARQUÍA Y SACERDOTES GUERRILLEROS
Una muerte es una tragedia, un millón, una estadística.
Stalin
Los grupos callejeros luchadores por los derechos humanos
Desde el 18 de abril, Nicaragua no ha tenido un instante sin la aparición de nuevos sucesos que van sumergiendo al territorio en un abismo del que no se vislumbra salida. Muertos, desaparecidos, heridos, asaltos, saqueos a negocios, quema de instituciones públicas y establecimientos privados, tranques por cualquier vía de acceso al resto de poblaciones, y como si fuese poco, líderes de la iglesia católica, saliendo a las calles para promover la violencia y manipular las informaciones mediante la difusión en las redes sociales.
Las protestas que llevaron a los ciudadanos a las calles, se han convertido en una especie de vorágine delincuencial de toda clase, donde impera la ley del más fuerte. Los tranques se han establecido en las principales arterias de acceso a las ciudades. Grupos delincuenciales sin clara denominación política están dominando las calles de todas las ciudades. Los pobladores que quieren transitar por estos accesos con sus vehículos, deben de pagar una especie de peaje, con cantidades sin especificarse y según el tipo de automóvil, la apariencia de la persona, o incluso la profesión o el cargo profesional o político, puede variar sustancialmente o terminar en un resultado trágico en el físico del conductor. Como si fuese poco, se exponen a ser registrados, tanto el vehículo como la misma persona. Sin duda alguna, ha surgido una especie de policía sin cualificación profesional ni conocimiento sobre derechos humanos. Curiosamente son los mismos que reclaman estas garantías al régimen que aún gobierna.
Estos grupos no van a abandonar las calles porque sí. Han encontrado un modus vivendi. Da igual hacer dos o tres turnos, estar bajo el sol, al acecho, como cualquier guerrillero que vela por unos derechos justos y equitativos. Como ironía de la vida, reciben ayuda económica, de alimentos y de logística. ¿Alguien cree que estos grupos armados de verdad están interesados por una real democracia? El vocablo por sí solo les debe ser difícil de pronunciar.
¿Cómo puede hablarse de derechos humanos con semejante descalabro? Tales individuos dicen luchar por el cambio de un gobierno, uno que debe salir por la fuerza, según ellos. Desconocen de legitimidad, de Constitución Política, de derechos fundamentales, de trabajo, de seguridad social, de abastecimiento alimentario, de circulación, de dignidad humana.
En algunos sectores se habla de debilitamiento al gobierno. Los tranques no son la simple barrera de adoquines unos tras arriba de otro y vigilados por individuos armados y encapuchados. Están perjudicando de gran manera el transporte de productos en toda Latinoamérica. El comercio es más vulnerable que nunca en la región centroamericana. Está empezando la escasez de alimentos en Nicaragua y claro, la inflación sólo irá en aumento. El mayor afectado es el ciudadano. El ejecutivo puede seguir su curso con o sin Daniel Ortega y su esposa. La economía familiar no se recupera de un día a otro.
Otro tipo de grupo, aprehende a cualquier ciudadano considerado sandinista o pro, perteneciente al gobierno, a la policía, a los antimotines, o con sólo sospecharse de su afinidad a estos gremios. Puede ser expuesto en cualquier lugar público, ser desposeído de su ropa en totalidad, someterse a insultos, y como no, a torturas físicas. La muerte, parece ser la menos importante. El valor de la vida ya no se concibe. Son grabados en vídeos y luego expuestos en las redes sociales. Las imágenes circulan, se propagan y se muestran orgullosamente a los usuarios. Son los nuevos trofeos de la insurrección.
De más de los 140 muertos hasta el momento, en el contexto de las protestas, no ha habido ni un solo imputado. No hay mejor manera de definir a Nicaragua como el oeste al que todos los pistoleros con afán de hacer justicia con sus propias manos quieren ir. Hace muchos días dejó de ser delito la portación de armas. Ser sandinista o simpatizante, equivale al año 1946 ser nazi, o de la manera más edulcorada, a 1990 en Cuba huir del «socialismo» y emigrar. El país ha llegado a un extremo en el que, o eres mi amigo, o eres mi enemigo, o estás conmigo, o estás en contra, o llevas la bandera azul y blanco, o la roja y negra. La historia no nos ha enseñado nada.
La policía se encuentra con las manos atadas. Cualquier actuación es reprochable. Todo muerto y herido es de ipso facto obra de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con muchas asociaciones políticas y religiosas. Algunos llegan a la retorcida conclusión afirmando que los fallecidos de la policía son asesinados por los mismos policías. Inclusive las muertes ajenas a las protestas como los asaltos o accidentes de tráfico, engrosan la lista de muertos que tienen como autor al gobierno. La acracia parece reinar en un país que apuntaba alto al crecimiento económico y a un turismo del que sólo quedan vestigios. Esto significa nada para los interesados en ver la presidencia en manos de otros representantes de partidos.
El terror de los medios y las redes sociales
Si algún miembro de estos grupos de vándalos, delincuentes sin escrúpulos, sospecha de la pertenencia de un ciudadano a uno de los sectores del gobierno, o el apoyo idealista a estos, o simplemente no secunda su postura (la de los grupos), se expone a un desprestigio en las redes sociales. Inmediatamente su dirección de domicilio y hasta el número de identificación son publicados. Su vida corre peligro. Por supuesto, la de su familia también. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal existe en Nicaragua desde hace muchos años, sin ninguna aplicación y sin promoción alguna. Las injurias y las calumnias dejaron de tipificarse, es la nueva modalidad del derecho a la información y la libertad de expresión. El honor de las personas no entra en discusión jurídica o social, ni de los que pueden denominarse así mismos experto en derechos fundamentales, de hecho en Nicaragua no conocemos a ningún profesional con esta cualificación.
No es necesario citar vínculos de internet para demostrar la anterior aseveración, sólo hace falta entrar a cualquier red social de un ciudadano nicaragüense (residente o no en el país) y se pueden encontrar rostros de personas acusadas de asesinatos, de disparar, de herir, de torturar, de pertenecer, de colaborar con, etc. A simple vista, la acción parece justificada, pero no por el derecho penal o la Constitución, sino por la prevalencia de justicia social, esa que no está legitimada por ninguna norma legal.
Los medios de comunicación son un agente catalizador ante esta crisis. Justamente ayer pudimos leer el titular «Daniel Ortega aceptaría elecciones anticipadas, pero sin dejar el poder, según Medardo Mairena.» Tal título sólo hace suponer que el ahora mandatario nicaragüense debe abandonar la presidencia del país ¿para ser liderada por? ¿por la vice presidenta? Claro que no. Por alguien que desconocemos aún (al menos de nuestra parte) pero que no llegará mediante elecciones democráticas. Hay muchos carroñeros tratando de ser los primeros.
Y es que la imparcialidad se ha perdido en el lejano horizonte. Los medios de comunicación existentes, o son sandinistas, o contra sandinistas. El segundo vocablo no nos hace gracia ninguna. Ya vivimos una etapa en la que pronunciábamos esta palabra todos los días. Pero la actualidad la describe con bastante certeza. La publicación de informaciones libra una guerra que está calando bastante a nivel internacional. Las manipulaciones son el nuevo estilo literario. La falsificación es apenas cotidiana. Podríamos incluir aquí decenas de noticias que, con una simple búsqueda en los buscadores de la red informática, desmentiríamos fácilmente. Somos de lo que no nos quedamos con una sola versión.
Hace unos días atrás tuvimos la paciencia de ver multimedia en vivo un popular canal de noticias que también transmite en una red social. El anfitrión y el invitado discutían sobre las soluciones a esta pandemia social. Ambos coincidieron en que el pueblo tomara las calles e instaurara un paro nacional. El dúo de informadores no precisamente es conocido por sudar en las trincheras por los derechos de los ciudadanos. El físico de uno de ellos habla por sí solo. Como todos sabemos, tales «marchas» sólo acaban en muertos y heridos. Pero a estos dos no les parece preocupar la vida de las personas como quien se encuentre al mandato de la nación.
¿Hasta dónde llegarán los medios de comunicación con estas infracciones al código deontológico? La pregunta es curiosa, porque en Nicaragua no existe tal código y las libertades de expresión y de información solamente le son propias a tales medios. No hay límite alguno de publicaciones. Podemos encontrarnos imágenes de personas muertas, con los disparos visibles, heridos con todo el cúmulo de sangre a chorros o partes del cuerpo desprendidas u órganos expuestos. El sensacionalismo siempre ha sido imperante en este país. Seguimos desconociendo lo que se enseña a los futuros periodistas en las aulas universitarias. Un sitio web de gore competiría con muchos medios nicaragüenses sin ninguna duda.
No hay respeto a la intimidad y privacidad. Nunca lo ha habido. Es normal la publicación de datos sensibles tales como el número de identificación, la dirección de domicilio, el número de matrícula del vehículo, la fachada de una vivienda con sus habitantes y las caras de los menores de edad. Los presuntos delincuentes son incluso fotografiados por los mismos reporteros (sin sentencia firme evidentemente) y obligados a posar ante las cámaras. La población no cuestiona esta conducta «informativa» porque ha sido una tradición.
Los curas revoltosos
Esta lucha sin cuartel por grupos delincuenciales y paramilitares (así es como clasifican a las organizaciones, que, según ciertos gremios políticos y religiosos, son afines al gobierno), tienen también como protagonistas a los líderes católicos de Nicaragua. Algunos más atrevidos, les llaman autoridades religiosas. En ella, se encuentran obispos, sacerdotes y hasta diáconos. Hace algunos días falleció el Cardenal Miguel Obando y Bravo, un señor muy inmiscuido en la política, que cambiaba de ideales políticos tan pronto como de donde recibiera sobornos económicos o beneficios de toda índole. Probablemente pudo conocer los primeros días de toda esta tragedia social y humanitaria que vive el país.
Ha sido siempre costumbre en Nicaragua, que la iglesia católica se entrometiera en los asuntos políticos. De hecho, se le ha concedido la potestad para que obre como mediadora en este trance gubernativo. La ciudadanía siempre les ha considerado una institución respetable, y la palabra de sus jefes, influye en las opiniones de la población.
Hasta el inicio de lo que hoy seguimos llamando «protestas», se ha hecho más palpable el papel de estos curas que han visto cómo sus cualidades de instigadores a la violencia, las armas y el odio entre los mismos nicaragüenses, salgan a relucir sin tapujo. Están participando activamente en lo que puede conocerse como un golpe de Estado, pero en manos de grupos armados que sin ningún ideal aparente tienen como único objetivo que el ejecutivo abandone la presidencia para la instauración por otro. Ya no están a favor de unas elecciones, que sería la vía idónea y legal para desbancar a Ortega, sino que apoyan la moción de otras organizaciones de que el presidente debe irse. Unas elecciones presidenciales, resultan ilógicas, desmesuradas y muy tardías.
También están apoyando con recursos de todo tipo a los grupos que luchan contra el régimen de Ortega. Proveen de alimentos, de aparatos de comunicación, de transporte y de dinero a los integrantes de las asociaciones violentas que están ya distribuidas por todo el país. Pero el papel que muestran ante los medios es el de mediadores, luchadores por la paz y el de dialogadores con el gobierno.
Las tareas de estos líderes católicos en los medios de comunicación y en las redes sociales, juega un papel importante en sus agendas. El Vaticano ya tiene conocimiento de la situación nicaragüense y su mandatario se ha pronunciado al respecto condenando los actos. Nunca antes unos curas habían influenciado a la población para que emprendan una guerra entre sí. Han suspendido el diálogo con el gobierno y ahora han salido de los altares y de los confesionarios para promover la insidia y el odio. Aquí los conceptos de paz, amor, justicia, igualdad, perdón y prójimo son muy relativos.
Es justamente en las redes sociales donde se pueden apreciar vídeos de «patriotismo», de lucha por una «causa justa» y de «democracia» de los cabecillas de la iglesia en Nicaragua. Están en contubernio con el resto de partidos opositores y se han ganado el beneplácito de la comunidad internacional, porque lo que se percibe afuera es que unos curas salen a las calles con una labor altruista, de combatientes enviados por dios para el establecimiento de una verdadera democracia.
¿Quién sale ganando?
Viene a nuestras cabezas una interrogante que no podemos evitar ¿quién será el mayor beneficiado de todo esto? Sólo hay una respuesta clara: el pueblo nicaragüense seguro que no. Por mucho que algunos afirmen que hay un triunfo sobre el régimen de Ortega, no lo puede ser cuando han habido centenares de muertos, cuando personas pierden sus trabajos cada día, cuando muchos están emigrando, cuando negocios están cerrando, cuando el comercio está en declive, cuando se coartan derechos fundamentales, cuando se toma la justicia por sus propias manos, cuando las instituciones carecen de legitimación, cuando grupos delincuenciales se presentan en las calles para amedrentar contra cualquier ciudadano y sus bienes. Aquí el fin no justifica los medios. La muerte nunca ha sido solución para ningún problema.
Es en los anteriores puntos que estriba la diferencia con la lucha que terminó en una revolución en 1979. En aquel entonces el pueblo estaba sublevado contra una dictadura de más de 40 años que no conocía de derechos y garantías constitucionales. No existía oposición, era un estado militarizado. Hasta hace unos meses el país gozaba de una relativa tranquilidad social, con una economía creciente. Hoy Nicaragua es el hazmerreír de la región centroamericana.
No es que estemos a favor de la dinastía que se estaba instaurando en el país, pero estas mismas asociaciones que ahora quieren ver a Ortega fuera del ejecutivo, son las mismas que pactaron en la Asamblea Nacional en la reforma de la Constitución para continuar su mandato. ¿Está siendo necesaria esta mal llamada protesta para iniciar un nuevo régimen democrático? La historia nos los hará saber.
Creemos que Ortega debe irse, ya por la estabilidad y la paz del país, porque el daño que sufre la nación ya es irreparable. Pero debe hacerse por una vía legítima, con unas elecciones válidas y con unas instituciones bien posicionadas. El Estado de Derecho no puede quebrantarse porque unos grupos de delincuentes, unos párrocos rabiosos y otras agrupaciones políticas hayan decidido que el presidente y su entorno no pueden continuar dirigiendo el país.