Doctorando en Derecho Procesal de la Universidad de Valencia

NICARAGUA, ENTRE EL CAOS, LA ANARQUÍA Y SACERDOTES GUERRILLEROS


Image result for crisis in nicaragua

Una muerte es una tragedia, un millón, una estadística.

Stalin

 

 

 

 

 

 

Los grupos callejeros luchadores por los derechos humanos

Desde el 18 de abril, Nicaragua no ha tenido un instante sin la aparición de nuevos sucesos que van sumergiendo al territorio en un abismo del que no se vislumbra salida. Muertos, desaparecidos, heridos, asaltos, saqueos a negocios, quema de instituciones públicas y establecimientos privados, tranques por cualquier vía de acceso al resto de poblaciones, y como si fuese poco, líderes de la iglesia católica, saliendo a las calles para promover la violencia y manipular las informaciones mediante la difusión en las redes sociales. 

Las protestas que llevaron a los ciudadanos a las calles, se han convertido en una especie de vorágine delincuencial de toda clase, donde impera la ley del más fuerte. Los tranques se han establecido en las principales arterias de acceso a las ciudades. Grupos delincuenciales sin clara denominación política están dominando las calles de todas las ciudades. Los pobladores que quieren transitar por estos accesos con sus vehículos, deben de pagar una especie de peaje, con cantidades sin especificarse y según el tipo de automóvil, la apariencia de la persona, o incluso la profesión o el cargo profesional o político, puede variar sustancialmente o terminar en un resultado trágico en el físico del conductor. Como si fuese poco, se exponen a ser registrados, tanto el vehículo como la misma persona. Sin duda alguna, ha surgido una especie de policía sin cualificación profesional ni conocimiento sobre derechos humanos. Curiosamente son los mismos que reclaman estas garantías al régimen que aún gobierna.

Estos grupos no van a abandonar las calles porque sí. Han encontrado un modus vivendi. Da igual hacer dos o tres turnos, estar bajo el sol, al acecho, como cualquier guerrillero que vela por unos derechos justos y equitativos. Como ironía de la vida, reciben ayuda económica, de alimentos y de logística. ¿Alguien cree que estos grupos armados de verdad están interesados por una real democracia? El vocablo por sí solo les debe ser difícil de pronunciar. 

¿Cómo puede hablarse de derechos humanos con semejante descalabro? Tales individuos dicen luchar por el cambio de un gobierno, uno que debe salir por la fuerza, según ellos. Desconocen de legitimidad, de Constitución Política, de derechos fundamentales, de trabajo, de seguridad social, de abastecimiento alimentario, de circulación, de dignidad humana.

En algunos sectores se habla de debilitamiento al gobierno. Los tranques no son la simple barrera de adoquines unos tras arriba de otro y vigilados por individuos armados y encapuchados. Están perjudicando de gran manera el transporte de productos en toda Latinoamérica. El comercio es más vulnerable que nunca en la región centroamericana. Está empezando la escasez de alimentos en Nicaragua y claro, la inflación sólo irá en aumento. El mayor afectado es el ciudadano. El ejecutivo puede seguir su curso con o sin Daniel Ortega y su esposa. La economía familiar no se recupera de un día a otro.

Otro tipo de grupo, aprehende a cualquier ciudadano considerado sandinista o pro, perteneciente al gobierno, a la policía, a los antimotines, o con sólo sospecharse de su afinidad a estos gremios. Puede ser expuesto en cualquier lugar público, ser desposeído de su ropa en totalidad, someterse a insultos, y como no, a torturas físicas. La muerte, parece ser la menos importante. El valor de la vida ya no se concibe. Son grabados en vídeos y luego expuestos en las redes sociales. Las imágenes circulan, se propagan y se muestran orgullosamente a los usuarios. Son los nuevos trofeos de la insurrección.

De más de los 140 muertos hasta el momento, en el contexto de las protestas, no ha habido ni un solo imputado. No hay mejor manera de definir a Nicaragua como el oeste al que todos los pistoleros con afán de hacer justicia con sus propias manos quieren ir. Hace muchos días dejó de ser delito la portación de armas.  Ser sandinista o simpatizante, equivale al año 1946 ser nazi, o de la manera más edulcorada, a 1990 en Cuba huir del «socialismo» y emigrar. El país ha llegado a un extremo en el que, o eres mi amigo, o eres mi enemigo, o estás conmigo, o estás en contra, o llevas la bandera azul y blanco, o la roja y negra. La historia no nos ha enseñado nada.

La policía se encuentra con las manos atadas. Cualquier actuación es reprochable. Todo muerto y herido es de ipso facto obra de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con muchas asociaciones políticas y religiosas. Algunos llegan a la retorcida conclusión afirmando que los fallecidos de la policía son asesinados por los mismos policías. Inclusive las muertes ajenas a las protestas como los asaltos o accidentes de tráfico, engrosan la lista de muertos que tienen como autor al gobierno. La acracia parece reinar en un país que apuntaba alto al crecimiento económico y a un turismo del que sólo quedan vestigios. Esto significa nada para los interesados en ver la presidencia en manos de otros representantes de partidos. 

El terror de los medios y las redes sociales

Si algún miembro de estos grupos de vándalos, delincuentes sin escrúpulos, sospecha de la pertenencia de un ciudadano a uno de los sectores del gobierno, o el apoyo idealista a estos, o simplemente no secunda su postura (la de los grupos), se expone a un desprestigio en las redes sociales. Inmediatamente su dirección de domicilio y hasta el número de identificación son publicados. Su vida corre peligro. Por supuesto, la de su familia también. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal existe en Nicaragua desde hace muchos años, sin ninguna aplicación y sin promoción alguna. Las injurias y las calumnias dejaron de tipificarse, es la nueva modalidad del derecho a la información y la libertad de expresión. El honor de las personas no entra en discusión jurídica o social, ni de los que pueden denominarse así mismos experto en derechos fundamentales, de hecho en Nicaragua no conocemos a ningún profesional con esta cualificación.

No es necesario citar vínculos de internet para demostrar la anterior aseveración, sólo hace falta entrar a cualquier red social de un ciudadano nicaragüense (residente o no en el país) y se pueden encontrar rostros de personas acusadas de asesinatos, de disparar, de herir, de torturar, de pertenecer, de colaborar con, etc. A simple vista, la acción parece justificada, pero no por el derecho penal o la Constitución, sino por la prevalencia de justicia social, esa que no está legitimada por ninguna norma legal.

Los medios de comunicación son un agente catalizador ante esta crisis. Justamente ayer pudimos leer el titular «Daniel Ortega aceptaría elecciones anticipadas, pero sin dejar el poder, según Medardo Mairena.» Tal título sólo hace suponer que el ahora mandatario nicaragüense debe abandonar la presidencia del país ¿para ser liderada por? ¿por la vice presidenta? Claro que no. Por alguien que desconocemos aún (al menos de nuestra parte) pero que no llegará mediante elecciones democráticas. Hay muchos carroñeros tratando de ser los primeros.

Y es que la imparcialidad se ha perdido en el lejano horizonte. Los medios de comunicación existentes, o son sandinistas, o contra sandinistas. El segundo vocablo no nos hace gracia ninguna. Ya vivimos una etapa en la que pronunciábamos esta palabra todos los días. Pero la actualidad la describe con bastante certeza. La publicación de informaciones libra una guerra que está calando bastante a nivel internacional. Las manipulaciones son el nuevo estilo literario. La falsificación es apenas cotidiana. Podríamos incluir aquí decenas de noticias que, con una simple búsqueda en los buscadores de la red informática, desmentiríamos fácilmente. Somos de lo que no nos quedamos con una sola versión.

Hace unos días atrás tuvimos la paciencia de ver multimedia en vivo un popular canal de noticias que también transmite en una red social. El anfitrión y el invitado discutían sobre las soluciones a esta pandemia social. Ambos coincidieron en que el pueblo tomara las calles e instaurara un paro nacional. El dúo de informadores no precisamente es conocido por sudar en las trincheras por los derechos de los ciudadanos. El físico de uno de ellos habla por sí solo. Como todos sabemos, tales «marchas» sólo acaban en muertos y heridos. Pero a estos dos no les parece preocupar la vida de las personas como quien se encuentre al mandato de la nación.

¿Hasta dónde llegarán los medios de comunicación con estas infracciones al código deontológico? La pregunta es curiosa, porque en Nicaragua no existe tal código y las libertades de expresión y de información solamente le son propias a tales medios. No hay límite alguno de publicaciones. Podemos encontrarnos imágenes de personas muertas, con los disparos visibles, heridos con todo el cúmulo de sangre a chorros o partes del cuerpo desprendidas u órganos expuestos. El sensacionalismo siempre ha sido imperante en este país. Seguimos desconociendo lo que se enseña a los futuros periodistas en las aulas universitarias. Un sitio web de gore competiría con muchos medios nicaragüenses sin ninguna duda.

No hay respeto a la intimidad y privacidad. Nunca lo ha habido. Es normal la publicación de datos sensibles tales como el número de identificación, la dirección de domicilio, el número de matrícula del vehículo, la fachada de una vivienda con sus habitantes y las caras de los menores de edad. Los presuntos delincuentes son incluso fotografiados por los mismos reporteros (sin sentencia firme evidentemente) y obligados a posar ante las cámaras. La población no cuestiona esta conducta «informativa» porque ha sido una tradición.

Los curas revoltosos

Esta lucha sin cuartel por grupos delincuenciales y paramilitares (así es como clasifican a las organizaciones, que, según ciertos gremios políticos y religiosos, son afines al gobierno), tienen también como protagonistas a los líderes católicos de Nicaragua. Algunos más atrevidos, les llaman autoridades religiosas. En ella, se encuentran obispos, sacerdotes y hasta diáconos. Hace algunos días falleció el Cardenal Miguel Obando y Bravo, un señor muy inmiscuido en la política, que cambiaba de ideales políticos tan pronto como de donde recibiera sobornos económicos o beneficios de toda índole. Probablemente pudo conocer los primeros días de toda esta tragedia social y humanitaria que vive el país.

Ha sido siempre costumbre en Nicaragua, que la iglesia católica se entrometiera en los asuntos políticos. De hecho, se le ha concedido la potestad para que obre como mediadora en este trance gubernativo. La ciudadanía siempre les ha considerado una institución respetable, y la palabra de sus jefes, influye en las opiniones de la población.

Hasta el inicio de lo que hoy seguimos llamando «protestas», se ha hecho más palpable el papel de estos curas que han visto cómo sus cualidades de instigadores a la violencia, las armas y el odio entre los mismos nicaragüenses, salgan a relucir sin tapujo. Están participando activamente en lo que puede conocerse como un golpe de Estado, pero en manos de grupos armados que sin ningún ideal aparente tienen como único objetivo que el ejecutivo abandone la presidencia para la instauración por otro. Ya no están a favor de unas elecciones, que sería la vía idónea y legal para desbancar a Ortega, sino que apoyan la moción de otras organizaciones de que el presidente debe irse. Unas elecciones presidenciales, resultan ilógicas, desmesuradas y muy tardías.

También están apoyando con recursos de todo tipo a los grupos que luchan contra el régimen de Ortega. Proveen de alimentos, de aparatos de comunicación, de transporte y de dinero a los integrantes de las asociaciones violentas que están ya distribuidas por todo el país. Pero el papel que muestran ante los medios es el de mediadores, luchadores por la paz y el de dialogadores con el gobierno.

Las tareas de estos líderes católicos en los medios de comunicación y en las redes sociales, juega un papel importante en sus agendas. El Vaticano ya tiene conocimiento de la situación nicaragüense y su mandatario se ha pronunciado al respecto condenando los actos. Nunca antes unos curas habían influenciado a la población para que emprendan una guerra entre sí. Han suspendido el diálogo con el gobierno y ahora han salido de los altares y de los confesionarios para promover la insidia y el odio. Aquí los conceptos de paz, amor, justicia, igualdad, perdón y prójimo son muy relativos.

Es justamente en las redes sociales donde se pueden apreciar vídeos de «patriotismo», de lucha por una «causa justa» y de «democracia» de los cabecillas de la iglesia en Nicaragua. Están en contubernio con el resto de partidos opositores y se han ganado el beneplácito de la comunidad internacional, porque lo que se percibe afuera es que unos curas salen a las calles con una labor altruista, de combatientes enviados por dios para el establecimiento de una verdadera democracia.

¿Quién sale ganando?

Viene a nuestras cabezas una interrogante que no podemos evitar ¿quién será el mayor beneficiado de todo esto? Sólo hay una respuesta clara: el pueblo nicaragüense seguro que no. Por mucho que algunos afirmen que hay un triunfo sobre el régimen de Ortega, no lo puede ser cuando han habido centenares de muertos, cuando personas pierden sus trabajos cada día, cuando muchos están emigrando, cuando negocios están cerrando, cuando el comercio está en declive, cuando se coartan derechos fundamentales, cuando se toma la justicia por sus propias manos, cuando las instituciones carecen de legitimación, cuando grupos delincuenciales se presentan en las calles para amedrentar contra cualquier ciudadano y sus bienes. Aquí el fin no justifica los medios. La muerte nunca ha sido solución para ningún problema.

Es en los anteriores puntos que estriba la diferencia con la lucha que terminó en una revolución en 1979. En aquel entonces el pueblo estaba sublevado contra una dictadura de más de 40 años que no conocía de derechos y garantías constitucionales. No existía oposición, era un estado militarizado. Hasta hace unos meses el país gozaba de una relativa tranquilidad social, con una economía creciente. Hoy Nicaragua es el hazmerreír de la región centroamericana.

No es que estemos a favor de la dinastía que se estaba instaurando en el país, pero estas mismas asociaciones que ahora quieren ver a Ortega fuera del ejecutivo, son las mismas que pactaron en la Asamblea Nacional en la reforma de la Constitución para continuar su mandato. ¿Está siendo necesaria esta mal llamada protesta para iniciar un nuevo régimen democrático? La historia nos los hará saber.   

Creemos que Ortega debe irse, ya por la estabilidad y la paz del país, porque el daño que sufre la nación ya es irreparable. Pero debe hacerse por una vía legítima, con unas elecciones válidas y con unas instituciones bien posicionadas. El Estado de Derecho no puede quebrantarse porque unos grupos de delincuentes, unos párrocos rabiosos y otras agrupaciones políticas hayan decidido que el presidente y su entorno no pueden continuar dirigiendo el país.

 

 

EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA COMO MEDIADOR EN LAS PROTESTAS DE NICARAGUA


Resultado de imagen de conferencia episcopal protestas nicaraguaUna de las cuestiones más inusuales en los conflictos políticos es la injerencia de los líderes religiosos para solventar los problemas de una nación. Esto también ha llevado a Nicaragua a los titulares internacionales. La misma institución católica propuso al ejecutivo nicaragüense intervenir como mediador entre el gobierno y la sociedad civil[1]. No tengo ningún sentimiento en contra de alguien o algo que quiere velar por la paz y la seguridad en la población, muy a pesar de tener una filosofía atea consolidada. ¿Pero de verdad esta institución está interesada en ejercer tal labor altruista?

Para responder esta interrogante tuve que acudir al twitter del Sr. Silvio José Báez[2], obispo en Managua y uno de los mediadores en el conflicto. Me encontré con una actividad de publicaciones bastante prominente. Algunas de ellas piden el cese de la violencia, otras dan consejos de seguridad, otro tanto condenan hechos e informan de su labor, principalmente, el diálogo que dicen tener con el gobierno. Sobre esto último, repiten una y otra vez que tal mediación no será posible por la continuación de la violencia.

También he podido constatar que todas las informaciones vertidas en esa red social del obispo, acusan y condenan al ejecutivo de Ortega por las muertes y destrucciones ocurridas a lo largo del país, cuando cada vez está siendo palpable la triste realidad del protagonismo de otros bandos apoyados por los líderes políticos adversarios al régimen que a su vez reciben soporte de instituciones estadounidenses[3].

Resulta también de gran interés, que la comunidad católica esté animando e incitando a la participación de «marchas» o «manifestaciones», cuando muchas de ellas pueden terminar en la muerte de alguna persona. Por la aplicación whatsapp circulan y se comparten vídeos de ciertos sacerdotes convocando a la población para participar en las manifestaciones en contra del mandatario Daniel Ortega. Aunque de forma oficial no aparece ninguna publicación de esto.

Gran parte de las movilizaciones para las protestas se ha llevado a cabo mediante la convocatoria en las redes sociales. En la misma línea, muchas informaciones sobre datos y hechos se difunden en tales redes. De esta manera, se ha logrado transmitir la idea de que el gobierno es el principal autor de las muertes y heridos como causa de estas manifestaciones. Es lo que se conoce como el método de Guerra No Convencional. El concepto se originó y ha sido objeto de estudio por instituciones cubanas. Consiste en la injerencia con intencionalidad política de dominación sin la utilización de armas de tradicional empleo, tales como los tanques, drones, bombarderos, pero en cambio una perpetración en la política, economía y cultura con la finalidad de someter y expropiar bienes elementales para la vida: energía, combustibles, alimentos, etc.[4].

La definición ahora se ha extendido a las redes sociales, una plataforma de fácil acceso a nivel global y con gran capacidad de manipular y extenderse, y principalmente, donde la violencia física no es posible, aunque sí su provocación. Nicaragua alberga una comunidad católica muy afianzada en todo el territorio. La opinión de sus representantes es muy influenciable en la población.

Los medios de comunicación están jugando un papel determinante en el desarrollo de las protestas, y las redes sociales están muy ligados a estos. Es a través de estos instrumentos que el mundo percibe los hechos ocurridos. Es evidente que a ciertos medios sólo les conviene mostrar una porción de los sucesos[5].

Fue un movimiento magistral por parte del clérigo inmiscuirse como mediador en un conflicto que no parece tener fin. Es evidente que los resultados de las negociaciones no están incentivando al cese de las protestas. Al menos en apariencia se muestran a la sociedad nicaragüense unas conclusiones fructíferas, pero parece que los efectos de tales diálogos no han sido del todo exitosos. La misma OEA ha propuesto un «grupo interdisciplinario de expertos independientes» para investigar los hechos en el contexto de las protestas[6]. No quiero entrecomillar de nuevo vocablos en esta última expresión. Desconozco también el beneficio que puede traer tal indagación.

No podemos negar que el gobierno de Nicaragua ha cometido muchos errores para llevar este caos a las calles de las principales ciudades, pero tampoco puede adjudicársele todo el centenar de muertos y heridos como consecuencia de varios grupos enfrentados en las contiendas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua no hace nada para aclarar esta situación, a sabiendas de lo que realmente ocurre. O simplemente se limitan a proveer de datos que pueden interesar a ciertos gremios, nacionales o internacionales.

Recientemente, el gobierno de Ortega anunció que en los próximos días va a reunirse con representantes de la OEA para analizar la reforma a la Ley Electoral[7]. Los partidos opositores opinan que el presidente controla el poder judicial y electoral al tener sus aliados en el mando de estas instituciones. Dicha jerarquía institucional tiene procedencia en gran parte de estas organizaciones opositoras que hace algunos años atrás presidían cargos importantes en ellas[8]. Ante esta tesitura, el sector católico de Nicaragua parece ser un agente catalizador a las futuras elecciones. El futuro político aún parece incierto.

Notas:

[1] Vida Nueva Digital [En línea] La iglesia en Nicaragua será mediadora en el conflicto entre el gobierno y la sociedad civil [Consulta: 03-062018] Disponible en https://goo.gl/RNk2rG

[2] https://twitter.com/silviojbaez?lang=es

[3] Resumen latinoamericano [En línea] Estados Unidos detrás de las protestas en Nicaragua [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/5NLAQp

[4] Ecured [En línea] Guerra No Convencional [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/AW8Nfd

[5] Sputnik Mundo [En línea] ¿Qué muestran y qué ocultan los medios sobre las protestas en Nicaragua? [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/SLxJJk

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos [En línea] CIDH anuncia la creación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar las investigaciones de los hechos recientes de violencia en Nicaragua [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/6yDLhn

[7] Estrategia y Negocios [En línea] Nicaragua acuerda con OEA calendario para reforma electoral en medio de crisis. [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/aL1Yp2

[8] Roberto Rivas anunció el día 31 de mayo de 2018 su dimisión a la Presidencia del Poder Electoral. El ex funcionario también ejerció como tal durante los mandatos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. En aquel entonces era un acérrimo enemigo político de Ortega como muchos otros magistrados distribuidos en diferentes instituciones importantes del país en la actualidad. Rivas fue ventado por el gobierno de Estados Unidos por la Ley Global Magnitsky, con la que se le prohíbe la entrada al país norteamericano, así como la congelación de bienes y activos a los funcionarios declarados corruptos. La Prensa [En línea] Estados Unidos sanciona por corrupción a Roberto Rivas, presidente del CSE [Consulta: 03-06-2018] Disponible en https://goo.gl/wj6gQe

SENTENCIA CONDENANDO A RYANAIR POR COBRO DE TARJETA DE EMBARQUE


Sentencia_PDF

Why Dutch people love Barcelona


Montserrat-Amazing

Here 10 reasons why dutch people love Barcelona (Las Ramblas decidedly absent).

Barcelona is not any city in Spain. In recent years it has been the third most visited city in Europe. It is a city well connected with the rest of the world through the airlines. It´s made for tourists, but also for any visitor.

 

 

1. It’s not super Spanish.

Barza6Barcelona is still Spain, despite a large chunk of the Catalan population crying for independence. It retains the Spanish feel—meal times, culinary flavors, yearly festivals, friendly people—but also has a decidedly European element.

It’s hard to put a finger on what that really means, and I don’t want to litter this post with stereotypes—sure, Catalonia has banned bull-fighting, and Flamenco is hard to come by in these parts. But there’s just something about this city, from the restaurants and cafés to the international presence and mentality, that makes Barcelona different. Well, different from Spain, that is. And most of the time, Dutch can say:  We are grateful for that.

2. Size matters

barza9

The city has more than 1 million 600 thousand population which added to the massive number of tourists and visitors easily exceeds two million. So, in the main streets of the city you can find people 24 hours a day.

 

 

 

 

 

3.- It´s cosmopolitan

raza

The diversity is one of the top reasons to love Barcelona. You can see people on the streets of all cultures and listen to all existing languages. The population in Barcelona is prepared to socialize with everyone and dutch people love that.

 

 

 

 

4.- Brunch

Barza10

One of the most special things in Spain,  it´s the cuisine, Barcelona it´s a perfect  place for terraces.  But you can take a brunch in many cafes ignoring Starbucks, McDonalds or any other franchise. In Barcelona dutch people can find a lot of cafeteries as houses.

 

 

 

5.- Things to do

bar

Language exchanges. Couchsurfing meetups. Volleyball games. Concerts in the park. English book clubs. Running groups. Writing courses. Art openings. Beaches and mountains. Barcelona is a cultural hub and a place where things happen.

 

 

 

 

6.- Location

mapa_homeThe Mediterranean Sea is the backyard, and the beach is the playground. France is 3 hours to the north. So is cute little unassuming Andorra, so you can push another pin in your world travels map. There’s a massive airport with really cheap flights just a 20 minute bus-ride away. There’s skiing in the Pyrenees, if you’re into that sort of thing, but I’ve mentioned the beach already, right?

 

 

 

7.- Friend of a friend

social

The nice thing about moving to Barcelona alone is that you probably have friends who have friends here. Most people know someone who also thought it would be cool to pack up and live in Catalonia’s paradise. So Dutch may come here alone, but within a matter of days they’ll be going on blind friendship dates with so many friend-of-a-friends that they’ll wonder where all your alone time has gone.

 

 

 

8.- Warm fuzzy sunshine.

Barza0

Barcelona’s Mediterranean climate is more Dutch style. When it rains here it’s like the event of the year. In Holland the rain and could are typical mostly the whole year.

 

 

 

 

9.- Opportunities.

mobi

The economic crisis in Spain is bad, to put it lightly, and there’s a general air of despair that no one knows when will lift. But Barcelona feels slightly more hopeful. There is industry here; there are Spanish and international headquarters; there are opportunities. I’m not just talking about jobs, but networking opportunities, organized events to get involved with, English language publications, and start-ups. Barcelona feels like a human brain, and the cogs are spinning.

10.- Cultural life and nightlife.

ÊÁÌÐÁÍÉÁ - SCHOOLWAVE ÖÅÓÔÉÂÁË. (PHASMA / ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ)

Perhaps the cultural life is not the priority for day visitors. But Barcelona does not have to envy to other cities such as London or Paris, where theatrical events, festivals, concerts, etc. Perhaps the Dutch do not go to such events, but they know it´s available to have it any time.

The variety of bars, restaurants, clubs and discos make Barcelona one of the European cities with more nightlife. There is no time limit.

EJERCER DE ABOGADO SIN ESTAR DADO DE ALTO EN EL COLEGIO, NO SUPONE UN DELITO DE INTRUSISMO


ABOGADO

Ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo. Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de su sección segunda, de fecha 4 de diciembre de 2014 (recurso número 48/2014), por el que desestima un recurso del Colegio de Abogados de Madrid, contra el archivo de la querella criminal que presentó contra un letrado por haber tomado parte en un proceso penal cuando estaba de baja en el Colegio.

Los magistrados señalan que actuar como abogado sin estar colegiado ya no es ni siquiera falta penal, sino una cuestión de orden disciplinario a denunciar ante el Colegio a fin de que por los órganos rectores de éste se adopten las medidas oportunas.

El delito requiere –dicen los jueces-, de dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión titulada y hacerlo careciendo de dicha titulación. Lo relevante –concluyen-, es la carencia de preparación, que viene objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado, pues ello supone un fraude social y al tiempo un peligro para la atención que la sociedad tiene derecho a recibir de quienes se presentan como profesionales de una determinada rama o especialidad del saber, por lo que el hecho de que no se esté de alta en el colegio respectivo o al día de pago en las cuotas sociales, son cuestiones de menor entidad, que tiene su respuesta en el ámbito deontológico disciplinario.

Los argumentos del auto se contienen en los siguientes fundamentos de derecho (los destacados son nuestros):

“TERCERO.-  En cuanto al delito en sí, la norma sancionadora –artículo 403 CP–  habla de título académico y oficial ya que castiga al que “ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente”. E igualmente a quien “si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial” no  estuviere en posesión de dicho título.

El titulo, es el documento que reconoce la suficiencia de una persona para ejercer una concreta profesión y disfrutar de los derechos que a la misma otorgan las disposiciones legales vigentes.

Ahora bien, hay que distinguir entre título académico que es aquél que se exige para  determinadas  profesiones que tienen rango universitario (abogado, médico, ingeniero) y título oficial que supone el reconocimiento de una capacitación técnica para el ejercicio de otras  profesiones que no exigen titulación universitaria (bastando un diploma, grado medio, etc).

En cuanto al  delito de intrusismo, abarca las profesiones que requieren la expedición de un título oficial universitario y aquellas otras que requieren un título oficial no universitario cuando tales acreditaciones acreditan una capacitación especial de la que dependen bienes jurídicos de la mayor relevancia, por ejemplo la profesión de controlador aéreo. Y ha de ser la jurisprudencia la que vaya determinando qué profesiones se encuadran en este segundo grupo.

Además, se incluyen los títulos extranjeros convalidados por las autoridades españolas, pero la falta de este requisito -según SSTC 62/1984, 171/1994 y 102/1996- no supone delito. Entrarían en el intrusismo penal, sólo los casos de inexistencia de título o de título no convalidable.

Respecto a la expresión “actos propios de una profesión” determinada, hay que decir que  por acto propio ha de entenderse  aquel que específicamente está atribuido a unos profesionales en concreto con exclusión de las demás personas.

Ello incluye en el delito, a quienes realizan actos profesionales sin la titulación  exigida, tanto por carecer de título, como por poseerlo  pero de menor rango competencial e incluso, a quienes están inhabilitados profesionalmente, porque en ninguno de estos supuestos se posee título habilitante para realizar concretos actos profesionales, en un momento dado.

Y en cuanto a los sujetos, el sujeto activo o agente que comete el delito, es la persona que careciendo de título habilitante realiza actos de la profesión invadida. Pero no puede serlo el profesional que esté suspendido, por el hecho de que posee el título aunque no pueda ejercerlo en ese momento.

Los sujetos pasivos del delito, es decir quienes padecen la acción delictiva, son varios, como consecuencia de los bienes jurídicos protegidos. Por un lado, el Estado que ve desobedecida su función reguladora de las profesiones,  la sociedad sometida al peligro de que personas sin los debidos conocimientos ejerzan actividades de riesgo para ella y los profesionales que se ven afectados por una competencia ilícita de quienes no tienen derecho a ejercer la profesión invadida.

Pero perjudicados, en particular,  lo serán las concretas personas que se hayan visto defraudadas por el falso profesional, y hayan podido sufrir lesiones o una estafa.

Y  una cosa es el ejercicio indebido de una profesión, siempre sancionable, ya por vía administrativa, disciplinaria o civil, y otra la represión penal, que sólo aparece cuando se dan los requisitos previstos en los tipos penales para estas conductas.

En efecto, las modalidades delictivas son: como delito, pueden distinguirse: a) un tipo básico (art.403 párrafo primero); b) un tipo atenuado (art.403 primer párrafo “in fine” y c) un tipo agravado (art.403 párrafo segundo)

El tipo básico consiste en realizar actos propios de una profesión sin estar amparado en el título académico o universitario correspondiente. La pena prevista es de multa de seis a doce meses.

El tipo atenuado castiga idéntica conducta cuando se refiera a profesión con título oficial, no necesariamente  de rango universitario o académico, con pena de multa de tres a cinco meses.

La STS 2066/2001, de 12 de noviembre, estableció que debe excluirse la aplicación del tipo atenuado del inciso segundo en “supuestos   en que el intrusismo se produzca en profesiones que requieran una especial capacitación de la que dependan bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional, como son la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad”. De dicha sentencia es fácil deducir que se refiere a quienes actúan en el mundo sanitario o en la policía, sin ostentar una categoría profesional que exija título universitario.

En cuanto al tipo agravado incluye tanto atribuirse la condición de profesional como realizar actos propios de tal profesión .

Y como  falta de intrusismo, se acoge en el artículo 637 CP la conducta de : “El que usare pública e indebidamente, uniforme, traje, insignia o condecoraciones oficiales, o se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea”. Y la sanciona con pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a 30 días.

Se castiga el  simple aparentar que se es un determinado profesional, sin serlo, mediante el uso público o externo de lo que hace a la sociedad tener por profesional a quien no lo es, esto es, usar determinado uniforme – militar, médico…-, o llevar insignias y condecoraciones que a uno no le corresponden o presentarse como tal, siempre que se trate de profesión amparada por un título académico que no se posea.

No es necesario pues, realizar actos propios de profesión alguna, bastando el aparentar o presentarse como miembro de una profesión con título académico, sin serlo. Un ejemplo sería el graduado social que se atribuya públicamente la condición de abogado, sin serlo.

Ante la claridad del precepto, no incurre en este ilícito penal quien, estando en situación de jubilación o no ejercicio -así por encontrarse en excedencia- se atribuye la condición o usa uniforme o condecoraciones propias de una  profesión  o carrera a la que perteneció por poseer el título correspondiente.

CUARTO.- En el CP anterior, el de 1973, regulaba la falta de otro modo, castigando con pena de multa al titulado o habilitado que ejerciere su profesión sin hallarse inscrito en el respectivo colegio, corporación o asociación, siempre que tal registro fuera exigido reglamentariamente para poder ejercer la profesión.

Ahora que ha desaparecido tal falta,  para incurrir en ilícito penal  se exige, pues, algo más que una mera inobservancia administrativa, ya que para ser sancionado penalmente, se exige un comportamiento revelador de estar en posesión  de una cualificación que en realidad no se posee, por ser esta conducta mucho más grave para la confianza de los ciudadanos que un mero incumplimiento colegial o administrativo.

Es decir, actuar como abogado sin estar colegiado ya no es ni siquiera falta penal, sino que  por el  art.34 del nuevo  Estatuto de la Abogacía aprobado  el 12 de junio de 2013, cuestión de orden disciplinaria a denunciar ante el Colegio a fin de que por los órganos rectores de éste se adopten las medidas oportunas, al considerarse infracción muy grave en su art.123 d). Y si pudiera decirse que tal norma no es aplicable al caso, por ser posterior a los hechos atribuidos al recurrido, el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por RD 658/2001, de 22 de junio, tipifica  en  su artículo 84 h). como infracción muy grave “el intrusismo profesional y su encubrimiento”.

En definitiva, el delito requiere, en la actualidad de dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión titulada y hacerlo careciendo de dicha titulación.

Y debido al bien jurídico protegido, que no es tanto los intereses corporativos de una determinad profesión como el interés general de la sociedad sobre la realidad de la preparación técnica y académica exigible a determinados profesionales, lo relevante es esa carencia de preparación, que viene objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado pues ello  supone un fraude social y al tiempo un peligro para la atención que la sociedad tiene derecho  a recibir de quienes se presentan como profesionales de una determinada rama o especialidad del saber.

Por lo que el hecho de que  no se esté de alta en el colegio respectivo o al día en el pago de  las cuotas sociales, son cuestiones   de menor entidad, que tienen, además, una respuesta en el ámbito deontológico  disciplinario. (…)”

TRABAJAR EN EL RESTO DE EUROPA CON TÍTULO VÁLIDO. HOMOLOGAR TU TÍTULO AL PLAN BOLONIA


 

europaHOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS PREVIOS AL PLAN BOLONIA

 

El Real Decreto 967/2014, publicado en el BOE, el día 22 de noviembre de 2014, parece que permitirá cubrir el vacío normativo y asignar un nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) a las 140 «antiguas» titulaciones universitarias (preBolonia), que permita a los titulados acreditar el nivel obtenido. Las resoluciones de correspondencia otorgarán a cada uno de los títulos examinados los efectos académicos y profesionales asociados a las enseñanzas incluidas en el nivel al que se establece la correspondencia.

En un principio, uno de los objetivos de esta normativa en lo referido a los títulos preBolonia, es establecer un procedimiento que permita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar si cada título universitario de los anteriores a la implantación del EEES se corresponde al nivel 2 de Grado o al nivel 3 de Máster del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

Concretamente, se establece un procedimiento para determinar la correspondencia a nivel MECES de títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura, con los niveles 2 ó 3 del MECES.

¿QUÉ ES MECES? MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (MECES)

El Real Decreto 1027/2011 crea el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) cuyo objeto se define en su artículo 1: «el MECES es un instrumento, internacionalmente reconocido, que permite la nivelación coherente de todas las cualificaciones de la educación superior para su clasificación, relación y comparación y que sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las personas en el espacio europeo de educación superior y en el mercado laboral internacional». Se estructura en cuatro niveles:

Nivel 1: Técnico Superior

Nivel 2: Grado

Nivel 3: Máster

Nivel 4: Doctor

La finalidad de MECES es la de permitir la clasificación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo español, sobre todo para hacerlo comprensible frente a otros sistemas educativos.

El establecimiento del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) ha comportado la renovación completa de los estudios universitarios en España, que ahora se estructuran en los tres niveles diferenciados de Grado, Máster y Doctorado.

El pasado día 5 de marzo de 2014 se publicó en el BOE el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Los cuatro niveles en los que se estructura el MECES dan así cabida a las enseñanzas que constituyen la educación superior en nuestro país, las cuales quedan adscritas a cada uno de estos niveles en función de sus exigencias de aprendizaje.

Al desaparecer el Catálogo oficial de títulos universitarios con el EEES en 2007, que fijaba los títulos que las universidades debían expedir, se produjo un vacío normativo, dado que sólo estaba prevista la figura de la homologación a los títulos concretos del Catálogo y no a un nivel académico.

El procedimiento definido por el Real Decreto implica un examen y valoración por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA) de todas las antiguas titulaciones; su valoración resulta consecuente con las actuaciones previamente realizadas ya que dicha Agencia tiene la experiencia de haber verificado los títulos actualmente vigentes, y puede valorar las competencias que permiten adquirir cada uno de los títulos, además de los contenidos formativos y la duración de los estudios.

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ANECA comenzará a trabajar de forma inmediata y las primeras correspondencias serán declaradas en los primeros meses de 2015. Se prevé que la adscripción de todos los títulos pre-Bolonia esté completa a finales de 2015.

¿QUÉ TENGO QUE HACER YO, CUÁL ES PROCEDIMIENTO?

Hasta el momento nada. El procedimiento se inicia de oficio por la misma Administración (Dirección General de Política Universitaria) o bien a petición de otros órganos o por denuncia[1].

A partir del artículo 19 del decreto se establece un procedimiento general para las entidades interesadas. Este plazo tomará aproximadamente nueve meses y desde entonces se sabrá lo que el ciudadano puede hacer.

Tengan en cuenta que nada es automático en España, y tampoco gratis. Lo más probable es que se establezca un formulario oficial, pagar unas tasas (las que serán diferentes según el nivel del título y esperar algún tiempo para la entrega del correspondiente certificado[2].

El organismo competente para resolver esta cuestión se estima que sea la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones que se encuentra en el Paseo del Prado 28, Madrid y en el resto de las provincias la subdelegación de esa institución[3].

Sugerimos estar pendiente del sitio web del Ministerio de Educación para ver la nueva información sobre este apartado.

¿QUÉ SIGNIFICA HOMOLOGAR MI TÍTULO A MECES?

Que el título queda reconocido por todos los países europeos firmantes (Comunidad Europea) y que por lo tanto es legal y válido en esas naciones. Es de gran relevancia para los ciudadanos que pretendan ejercer su carrera en cualquiera de esos países.

Tampoco deben creer que el título es automáticamente reconocido en el resto de los países de la Comunidad Europea, obligatoriamente tendrá que hacerse la correspondiente traducción y los trámites administrativos que resulten.

 

[1] La ley es ambigua en este sentido porque no ofrece más información. Pero es muy probable que se establezca un procedimiento específico en otro decreto.

[2] Vemos poco probable que se entregue un título de cartón estéticamente atractivo con firmas y toda la formalidad que conlleva. Lo más seguro es que se entregue un certificado similar a las de las homologaciones de títulos extranjeros.

[3] Los que ya han homologado títulos conocen mejor este procedimiento y lo tedioso que es.

EL USO DE LA JURISPRUDENCIA EN LA PRÁCTICA LEGAL NICARAGÜENSE


juris

EL USO DE LA JURISPRUDENCIA EN LA PRÁCTICA LEGAL NICARAGÜENSE

Desde hace algún tiempo nos hemos venido cuestionado del por qué el uso famélico o nulo de la jurisprudencia[1] para motivar los escritos en la práctica legal de la abogacía nicaragüense a pesar estar admitida y de conocerse en la docencia desde muy temprano en las facultades de derecho. De la misma manera el poco uso que se da a las motivaciones de las resoluciones por los jueces o los magistrados de los tribunales.

No es costumbre entre los profesionales del derecho incluir en las demandas, querellas o escritos de recursos, porciones de resoluciones de jueces o magistrados porque simplemente tampoco hay en éstas razonamientos jurídicos innovadores o apreciaciones del judicial.

Y es que los escritos de demandas o de peticiones judiciales en general, siguen un patrón convencional arcaico, se trata de una estructura de contenido, de incluir ciertos requisitos tales como nombre y apellidos de las partes, órgano al que se dirige, designación del proceso, exposición sucinta y numerada de los hechos, fundamentos de derecho, etc. Es éste último el que interesa en este cometido crítico.

Toda la doctrina nicaragüense es unánime en incluir en los fundamentos de derecho, además de los preceptos pertinentes, cuestiones jurisprudenciales que  los respalden, y la más atrevida, incluso llega a sugerir que se justifiquen con opiniones de los estudiosos, que a nuestro parecer resulta poco práctico atendiendo a la escasez de literatura jurídica local, por lo que es común encontrar en escritos frases de Carnelutti, Muñoz Conde u otros juristas que ninguna relación tienen con el procedimiento que se desarrolla en los tribunales nacionales.

Es más frecuente encontrar en los escritos frases de los estudiosos extranjeros que jurisprudencia, principalmente de autores españoles, chilenos, mexicanos e italianos porque al parecer los nacionales son menos valorados o con menos relevancia entre el gremio de la abogacía. Aún con ello, encontrar documentos con tales citas no aportan ningún avance jurídico porque muchas de estas teorías están en constante discusión y no se es mejor abogado por sacar a colación los pensamientos más atractivos del mundo jurídico.

No existe un manual de cómo redactar los escritos[2], ni hay una estructura oficial, son elaborados  atendiendo a la costumbre, en papel simple o legal según corresponda. A nuestro juicio este aspecto debería irse modificando atendiendo a los avances actuales de la tecnología, del derecho y de la práctica foral. Para ello, los jueces deberían ir extendiendo las sentencias, exponiendo de una manera más elaborada las resoluciones, argumentando con sus conocimientos sobre el caso concreto, dando una explicación más detallada del porqué de su decisión o fallo.  No es una interpretación de la ley ni extensión de la normativa, más bien es un complemento, atendiendo al principio de legalidad, al art. 165 de la Constitución y al art. 8 de la ley orgánica del poder judicial que tratan sobre la independencia del poder judicial y su actividad.

Entendemos que la mayoría de los jueces no están capacitados para seguir esta aportación a las resoluciones, y nuestro papel no consiste en dar instrucciones de cómo deben realizar su trabajo, pero lo cierto es que una sentencia debidamente motivada ofrece más seguridad a las partes y al sistema judicial en general.

Otro aspecto a considerar es que la jurisprudencia que se valora, es la que emana de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, es decir, no lo es por tanto la de los tribunales de apelaciones o los juzgados de instancia (locales y de distrito). Si bien es cierto que pocos son los procesos que llegan al máximo órgano juzgador –respecto de los llegados a los tribunales inferiores-, encontramos válida la redacción de los escritos con jurisprudencia desde la primera petición interpuesta.

La jurisprudencia puede utilizarse en cualquier área procesal del derecho: civil, penal, laboral, mercantil, administrativa, etc., contrario a lo que piensan muchos estudiosos, que sólo la vinculan a los asuntos penales[3]. Es una fuente del derecho que alcanza a cualquier área jurídica utilizándose una resolución en cualquier rama si el caso lo requiere.

No se establece en ninguna norma nacional la producción, el uso o la aplicación de la jurisprudencia, ni siquiera la costumbre de que tres resoluciones en un mismo sentido de la Corte Suprema son causa de jurisprudencia. Hay una carencia de cómo debe el profesional del derecho utilizarla y cómo debe el juez valorarla.

Poca importancia se le ha concedido a la práctica jurídica la utilización de la jurisprudencia, se le ha dejado al margen, concediéndole toda la relevancia a la ley. Es de dominio público, que la ley no puede resolver todos los casos concretos, sino que debe ajustarse o acomodarse a cada hecho. Este es el papel principal de esta fuente, instruir al juez para colaborar con su resolución.

POCA PREPARACIÓN PROFESIONAL DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

Es reciente que la Corte Suprema de Justicia viene estableciendo decretos para convocar mediante oposiciones la obtención del cargo de juez bajo la ley de carrera judicial vigente desde junio de 2008. Poco uso tiene en la actualidad, donde la mayoría son concedidos por afinidad, si bien no podemos negar que son profesionales graduados con títulos de licenciatura en derecho[4].

Pero un juzgador debe estar por encima del simple licenciado, se trata de una persona que impartirá justicia y de la que depende el rumbo que puede llevar la vida social, familiar, laboral de una persona.  Este poder no puede quedar bajo merced de individuos que no dominan la aplicación de la ley atendiendo a los principios generales del derecho y a un conocimiento jurídico de los vocablos «justicia y legalidad».  El estado de derecho nunca puede estar conformado si los juzgadores integrantes del poder judicial provienen de decisiones de partidos políticos en el poder, cuyos puestos pueden modificar en cualquier momento a su conveniencia. Sobra la opinión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su manera de llegar al cargo que ostentan.

¿Están preparados los nuevos juzgadores para crear resoluciones debidamente motivadas con exposición de razonamientos fácticos y de derecho? Es una respuesta que nosotros no podemos ofrecer, pero no hace falta hacer una investigación estadística para llegar a la conclusión de que no tienen ninguna experiencia en ello.

¿Qué preparación académica se necesita? El título de licenciado en derecho es suficiente, no es necesario tener un máster, haber hecho una tesis doctoral o tener una vasta experiencia. La sabiduría necesaria se puede adquirir desde lo impartido en las aulas de las universidades en una licenciatura. En los países con uso frecuente de las oposiciones para funcionarios tales como España, el juez, está sometido a un proceso riguroso selectivo que una vez concluido y satisfecho (sin previa experiencia como suplente), tendrá que acudir a un curso y una práctica que le aportará los conocimientos necesarios de entre ellos la redacción de resoluciones.

A todas las inconvenientes anteriores en la utilización de jurisprudencia, debemos agregar la frecuente prevaricación y corrupción que se ventila en los pasillos de los tribunales y despachos, donde no existe sutileza para la concesión de reconocimientos en sumas de dinero o favores para inclinar las decisiones judiciales, hechos estos que borran del sistema jurídico el uso de ésta porque simplemente ya no se necesita y que con ciertas maniobras del articulado en la ley, se podrán motivar las sentencias.

La jurisprudencia opera tanto para los practicantes del derecho como los juzgadores encargados de emitir resoluciones. Los primeros para orientar al juez en su decisión y ponderar las consideraciones al caso concreto, los segundos para convencer al ciudadano que lo decidido, a favor o en contra, tiene un fundamento jurídico válido y razonado conforme la ley.


[1] El significado de éste término es tan variado como la misma doctrina de donde provenga. El diccionario jurídico online de la Universidad de Educación a Distancia de España (UNED) contiene en un significado general bastante acertado: “doctrina jurídica asentada mediante resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales. Su función principal es la de completar e integrar el ordenamiento jurídico”. Fecha de consulta 17-08-2014. Disponible en http://www.uned-derecho.com/diccionario

[2] Las normas procesales solicitan ciertos requisitos a incluir en los escritos. Están en el art. 1021 y siguientes del código procesal civil para la demanda y art. 77 y ss. del código procesal penal para la acusación y querella.

[3] Es de notarse en el artículo leído de Howard López, William. En línea. Fecha de consulta 17-08-2014. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos99/jurisprudencia-como-fuente-derecho-legislacion-nicaraguense/jurisprudencia-como-fuente-derecho-legislacion-nicaraguense2.shtml

[4] La ley establece dos fases para los distintos puestos en las oposiciones, la primera,  acreditación de méritos y haber pasado el correspondiente examen, y la segunda, haber concluido un curso sujeto a prueba que se puntuará. El artículo 12 contempla la incursión extraordinaria sin acreditar méritos y pasar el examen, a juristas de reconocido prestigio. Muy ambigua la ley en este sentido y sujeta a manipulación, cuando ya el mismo art. 18 dispone en qué consisten esos méritos: títulos y grados académicos, especializaciones o postgrados, experiencia en servicios públicos, cursos de especialización, presentación de ponencias y memorias, libros y artículos publicados, idiomas, etc, cuestiones estas que ninguna diferencia hacen con los términos “juristas de reconocido prestigio”.

RETIRAR INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE GOOGLE YA ES POSIBLE PARA LOS CIUDADANOS EUROPEOS


Formu

FORMULARIO PARA ELIMINAR INFORMACIÓN EN GOOGLE

Hoy hemos tenido conocimiento de un formulario que aparece en “ayuda legal” de Google para retirar información que aparece en los resultados de búsqueda. Ya es posible, y todo gracias a la sentencia que aparece en el post anterior. Europa, una vez un paso adelante en la defensa por los derechos fundamentales: honor, intimidad personal y familiar e imagen. ¿Entra esto en colisión con las garantías constitucionales libertad de expresión y de información? Pues no. Amén del poderío del que gozan los medios de comunicación (incluyendo a Google ya que repetidas sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional Español consideran a internet como tal, cuestión que no detallaré ahora), ahora los legisladores europeos se ven la imperiosa necesidad de regular esa enorme circulación de información en internet que en gran porcentaje resulta perjudicial para los aludidos.

Yendo al punto. El formulario aparece en el sitio web https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch y lo primero que se aprecia es lo que está en la imagen arriba.  Puedes dar clic en las imágenes o bien entrar directamente al link.

¿Cómo completar el formulario? Es sencillo, el mismo contenido de la información te va guiando.

formu2formu3

formu4¿Qué requisitos debo cumplir para que la solicitud sea viable?

1.- Que la información aparezca en los resultados de búsqueda de Google. Otros buscadores como Bind o Ask no entran aquí.

2.- Que el aludido se encuentre como ciudadano o residente de los países integrantes en el Tribunal de Justicia Europeo.

3.- Que exista vulneración a  los derechos de privacidad y el derecho público a distribuir información y que la información sea obsoleta. Esto queda a discreción del equipo de Google, el que entiende que no existe cuando se trate de estafas, negligencias, condenas impuestas o actuaciones de funcionarios públicos. Tampoco hace referencia cuándo una información es obsoleta, es decir, a partir de qué tiempo puede considerarse como tal.

3.- En el formulario nada se dice sobre si la información debe obligatoriamente provenir de un medio de comunicación de Europa, por lo que se hace suponer que basta con el requisito 1.

4.- Que se incluyan los URL´s en el formulario tal como se muestran en los resultados de búsqueda. Indicar por qué no deben aparecer ahí. Se disponen de mil caracteres para esto. Es posible que existan más de 1 URL, por lo que justificar motivos en este espacio, parece muy poco. Habría que enviar distintas solicitudes cuando se trate de medios de comunicación diferentes.

5.- Importante es identificarse con algún documento, que se incorpora como archivo adjunto. No es imprescindible la fotografía, a no ser que la información que se pretende eliminar incluya imágenes. No es necesario que sea oficial, pero no creemos recomendable que se incluya una membresía del gimnasio, puede ser uno de universidad o el de la seguridad social. Nosotros consideramos que se envíe uno oficial con fotografía, recuerden que es el departamento legal de Google.

5.- Firma. Consiste simplemente en poner tus nombres y apellidos, los que aconsejablemente deben coíncidir con el documento que se adjunte.

Al enviar el formulario, se tendrá una confirmación del equipo de Google en el e mail que aportamos. Por favor mantener guardado este mensaje.

Si tienes alguna duda de cómo llenar el formulario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO QUE CONDENA A GOOGLE A ELIMINAR INFORMACIÓN EN LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA


goo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 13 DE MAYO DE 2014

Google Spain, S.L., Google Inc. Vs  Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en representación de Mario CG.

1.- La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 2, letras b) y d), 4, apartado 1, letras a) y c), 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2.-  Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Google Spain, S.L. (en lo sucesivo, «Google Spain»), y Google Inc., por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, «AEPD») y el Sr. CG, por otro, en relación con una resolución de dicha Agencia por la que se estimó la reclamación del Sr. CG contra ambas sociedades y se ordenaba a Google Inc. que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales del Sr. CG de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.

I Marco jurídico

Derecho de la Unión

3.-  La Directiva 95/46, que, según su artículo 1, tiene por objeto la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de estos datos, enuncia lo siguiente en sus considerandos 2, 10, 18 a 20 y 25:

«(2) Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir […] al bienestar de los individuos;

[…]

(10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[,firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;

[…]

(18) Considerando que, para evitar que una persona sea excluida de la protección garantizada por la presente Directiva, es necesario que todo tratamiento de datos personales efectuado en la Comunidad respete la legislación de uno de sus Estados miembros; que, a este respecto, resulta conveniente someter el tratamiento de datos efectuados por cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento establecido en un Estado miembro a la aplicación de la legislación de tal Estado;

(19) Considerando que el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable; que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante al respecto; que cuando un mismo responsable esté establecido en el territorio de varios Estados miembros, en particular por medio de una empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar que se eluda la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos cumpla las obligaciones impuestas por el Derecho nacional aplicable a estas actividades;

(20) Considerando que el hecho de que el responsable del tratamiento de datos esté establecido en un país tercero no debe obstaculizar la protección de las personas contemplada en la presente Directiva; que en estos casos el tratamiento de datos debe regirse por la legislación del Estado miembro en el que se ubiquen los medios utilizados y deben adoptarse garantías para que se respeten en la práctica los derechos y obligaciones contempladas en la presente Directiva;

[…]

(25) Considerando que los principios de la protección tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas […] que efectúen tratamientos- obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento- y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias».

4.-  El artículo 2 de la Directiva 95/46 establece que «a efectos de [ésta], se entenderá por:

a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;

b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;

[…]

d) “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario;

[…]»

5.-  El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», precisa en su apartado 1:

«Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.»

6.-  El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Derecho nacional aplicable», dispone:

«1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;

b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;

c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.»

7.- El artículo 6 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la calidad de los datos», incluido en el capítulo II, sección I, de dicha Directiva, tiene el siguiente tenor:

«1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:

a) tratados de manera leal y lícita;

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las garantías oportunas;

c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente;

d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados;

e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos.

2. Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.»

8.- El artículo 7 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos», incluido en el capítulo I, sección II, de esta Directiva, establece:

«Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si:

[…]

f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»

9.- El artículo 9 de la mencionada Directiva, titulado «Tratamiento de datos personales y libertad de expresión», dispone:

«En lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del presente capítulo, del capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones sólo en la medida en que resulten necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión.»

10.-  El artículo 12 de la misma Directiva, titulado «Derecho de acceso», establece:

«Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:

[…]

b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;

[…]»

11.- El artículo 14 de la Directiva 95/46, titulado «Derecho de oposición del interesado», dispone:

«Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a:

a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos;

[…]»

12.- El artículo 28 de dicha Directiva, rubricado «Autoridad de control», tiene el siguiente tenor:

«1. Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.

[…]

3. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:

— poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;

— poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de […] ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento […]

— […]

Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.

4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier asociación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.

[…]

6. Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha autoridad podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.

Las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en particular mediante el intercambio de información que estimen útil.

[…]»

II Derecho español

13.-  La Directiva 95/46 ha sido transpuesta en Derecho español por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999, p. 43088).

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14.-  El 5 de marzo de 2010, el Sr. CG, de nacionalidad española y domiciliado en España, presentó ante la AEPD una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., que publica un periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo, «La Vanguardia»), y contra Google Spain y Google Inc. Esta reclamación se basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del Sr. CG en el motor de búsqueda de Google (en lo sucesivo, «Google Search»), obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, respectivamente, en las que figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social, que mencionaba el nombre del Sr. CG.

15.- Mediante esta reclamación, el Sr. CG solicitaba, por un lado, que se exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o utilizar las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger estos datos. Por otro lado, solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que eliminaran u ocultaran sus datos personales para que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces de La Vanguardia. En este marco, el Sr. CG afirmaba que el embargo al que se vio sometido en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de relevancia actualmente.

16.- Mediante resolución de 30 de julio de 2010, la AEPD desestimó la reclamación en la medida en que se refería a La Vanguardia, al considerar que la publicación que ésta había llevado a cabo estaba legalmente justificada, dado que había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta para conseguir la mayor concurrencia de licitadores.

17.- En cambio, se estimó la misma reclamación en la medida en que se dirigía contra Google Spain y Google Inc. A este respecto, la AEPD consideró que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información. La AEPD consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales datos no sean conocidos por terceros. La AEPD estimó que este requerimiento puede dirigirse directamente a los explotadores de motores de búsqueda, sin suprimir los datos o la información de la página donde inicialmente está alojada e, incluso, cuando el mantenimiento de esta información en dicha página esté justificado por una norma legal.

18.- Google Spain y Google Inc. interpusieron sendos recursos contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional, que decidió acumularlos.

19.- El mencionado tribunal expone en el auto de remisión que estos recursos plantean la cuestión de cuáles son las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos personales de aquellos interesados que no desean que determinada información, publicada en páginas web de terceros, que contiene sus datos personales y permite relacionarles con la misma, sea localizada, indexada y sea puesta a disposición de los internautas de forma indefinida. Considera que la respuesta a esta cuestión depende del modo en que debe interpretarse la Directiva 95/46 en el marco de estas tecnologías, que han surgido después de su publicación.

20.- En estas circunstancias, la Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva [95/46] y, consiguientemente de la normativa española de protección de datos:

a) Debe interpretarse que existe un “establecimiento”, en los términos descritos en el art. 4.1.a) de la [Directiva 95/46], cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los habitantes del Estado, o

— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa, o

— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?

b) ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la [Directiva 95/46] en el sentido de que existe un “recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro”:

— cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro o

— cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado miembro?

c) ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c de la [Directiva 95/46], el almacenamiento temporal de la información indexada por los buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión fuera afirmativa, ¿puede entenderse que este criterio de conexión concurre cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices alegando razones competitivas?

d) Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y especialmente en el caso en que se considerase por el Tribunal de Justicia de la Unión que no concurren los criterios de conexión previstos en el art. 4 de la [Directiva 95/46]:

¿Debe aplicarse la [Directiva 95/46], a la luz del art. 8 de la [Carta], en el país miembro donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de los derechos de los ciudadanos de la Unión […]?

2) Por lo que respecta a la actividad de los buscadores como proveedor de contenidos en relación con la [Directiva 95/46]:

a) En relación con la actividad [de Google Search], como proveedor de contenidos, consistente en localizar la información publicada o incluida en la red por terceros, indexarla de forma automática, almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a disposición de los internautas con un cierto orden de preferencia, cuando dicha información contenga datos personales de terceras personas, ¿Debe interpretarse una actividad como la descrita comprendida en el concepto de “tratamiento de datos”, contenido en el art. 2.b de la [Directiva 95/46]?

b) En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa y siempre en relación con una actividad como la ya descrita:

¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de la [Directiva 95/46], en el sentido de considerar que la empresa que gestiona [Google Search] es “responsable del tratamiento” de los datos personales contenidos en las páginas web que indexa?

c) En el caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa:

¿Puede la [AEPD], tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la [Directiva 95/46], requerir directamente [a Google Search] para exigirle la retirada de sus índices de una información publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la que se ubica dicha información?

d) En el caso de que la respuesta a esta última pregunta fuera afirmativa:

¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la información que contiene esos datos se haya publicado lícitamente por terceros y se mantenga en la página web de origen?

3) Respecto al alcance del derecho de cancelación y/oposición en relación con el derecho al olvido se plantea la siguiente pregunta:

¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los datos, regulados en el art. 12.b) y el de oposición, regulado en el art. 14.a) de la [Directiva 95/46] comprenden que el interesado pueda dirigirse frente a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros?»

III Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), relativa al ámbito de aplicación material de la Directiva 95/46

21.- Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que procede examinar en primer lugar, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 debe examinarse en el sentido de que la actividad de un motor de búsqueda como proveedor de contenidos, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicha disposición, cuando esa información contiene datos personales. En el supuesto de que se responda afirmativamente a esa cuestión, el tribunal remitente desea saber, además, si la letra d) del mencionado artículo 2 debe interpretarse en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento de datos personales, en el sentido de esa disposición.

22.- Según Google Spain y Google Inc., la actividad de los motores de búsqueda no puede considerarse tratamiento de los datos que se muestran en las páginas web de terceros que presenta la lista de resultados de la búsqueda, dado que estos motores tratan la información accesible en Internet globalmente sin seleccionar entre datos personales y el resto de información. En su opinión, además, aun suponiendo que esta actividad deba ser calificada de «tratamiento de datos», el gestor de un motor de búsqueda no puede considerarse «responsable» de ese tratamiento, ya que no conoce dichos datos y no ejerce control sobre ellos.

23.-  En cambio, el Sr. CG, los Gobiernos español, italiano austriaco y polaco y la Comisión Europea sostienen que dicha actividad implica claramente un «tratamiento de datos», en el sentido de la Directiva 95/46, que es distinto del tratamiento de datos realizado por los editores de los sitios de Internet y persigue objetivos distintos al de éste. A su juicio, el gestor de un motor de búsqueda es «responsable» del tratamiento de datos efectuado por él desde el momento en que es él quien determina la finalidad y los medios de dicho tratamiento.

24.-  Según el Gobierno helénico, la actividad controvertida constituye tal «tratamiento», pero, en la medida en que los motores de búsqueda sirven de simples intermediarios, las empresas que los gestionan no pueden considerarse «responsables», salvo en los casos en los que almacenan datos en una «memoria intermedia» o una «memoria oculta» por un período de tiempo que supere lo técnicamente necesario.

25.-  A este respecto, ha de señalarse que el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 define el «tratamiento de datos personales» como «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción».

26.-  En lo que atañe, en particular, a Internet, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un «tratamiento» de esta índole, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 (véase la sentencia Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, apartado 25).

27.-  En cuanto a la actividad controvertida en el litigio principal, no se discute que entre los datos hallados, indexados, almacenados por los motores de búsqueda y puestos a disposición de sus usuarios figura también información relativa a personas físicas identificadas o identificables y, por tanto, «datos personales» en el sentido del artículo 2, letra a), de dicha Directiva.

28.- Por consiguiente, debe declararse que, al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda «recoge» tales datos que «extrae», «registra» y «organiza» posteriormente en el marco de sus programas de indexación, «conserva» en sus servidores y, en su caso, «comunica» y «facilita el acceso» a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de forma explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de «tratamiento» en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre éstos y los datos personales.

29.- Tampoco contradice la apreciación anterior el hecho de que estos datos hayan sido ya objeto de publicación en Internet y dicho motor de búsqueda no los modifique.

30.-  De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las operaciones a las que se refiere el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 deben calificarse de tal tratamiento también en el supuesto de que se refieran únicamente a información ya publicada tal cual en los medios de comunicación. En efecto, señaló a este respecto que una excepción general a la aplicación de la Directiva 95/46 en tal supuesto dejaría esta última en gran medida vacía de contenido (véase, en este sentido, la sentencia Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, apartados 48 y 49).

31.-  Además, se desprende de la definición contenida en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 que, aunque la modificación de datos personales constituye, ciertamente, un tratamiento, en el sentido de ésta, en cambio el resto de operaciones que se mencionan en ella no precisan en modo alguno de que estos datos se modifiquen.

32.-  En cuanto a si el gestor de un motor de búsqueda debe o no considerarse «responsable del tratamiento» de los datos personales efectuado por dicho motor en el marco de una actividad como la controvertida en el litigio principal, debe recordarse que el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 define al responsable como «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales».

33.-  Ahora bien, el gestor del motor de búsqueda es quien determina los fines y los medios de esta actividad y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa él mismo en el marco de ésta y, por consiguiente, debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento en virtud del mencionado artículo 2, letra d).

34.-  Por otro lado, es necesario declarar que sería contrario, no sólo al claro tenor de esta disposición sino también a su objetivo, consistente en garantizar, mediante una definición amplia del concepto de «responsable», una protección eficaz y completa de los interesados, excluir de esta disposición al gestor de un motor de búsqueda debido a que no ejerce control sobre los datos personales publicados en las páginas web de terceros.

35.- Sobre este particular, procede poner de manifiesto que el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores de sitios de Internet, que consiste en hacer figurar esos datos en una página en Internet, y se añade a él.

36.- Además, es pacífico que esta actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos.

37.- Además, la organización y la agregación de la información publicada en Internet efectuada por los motores de búsqueda para facilitar a sus usuarios el acceso a ella puede conducir, cuando la búsqueda de los usuarios se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, a que éstos obtengan mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet que les permita establecer un perfil más o menos detallado del interesado.

38.- En consecuencia, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar, significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de Internet, a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, el gestor de este motor, como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha actividad satisface las exigencias de la Directiva 95/46 para que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular, de su derecho al respeto de la vida privada.

39.-  Por último, el que los editores de sitios de Internet tengan la facultad de indicar a los gestores de los motores de búsqueda, con la ayuda, concretamente, de protocolos de exclusión como «robot.txt», o de códigos como «noindex» o «noarchive», que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, no significa que la falta de tal indicación por parte de estos editores libere al gestor de un motor de búsqueda de su responsabilidad por el tratamiento de datos personales que lleva a cabo en el marco de la actividad de dicho motor.

40.- En efecto, esta circunstancia no modifica el hecho de que el gestor determina los fines y los medios de este tratamiento. Además, aun suponiendo que dicha facultad de los editores de sitios de Internet signifique que éstos determinen conjuntamente con dicho gestor los medios del mencionado tratamiento, tal afirmación no elimina en modo alguno la responsabilidad del gestor, ya que el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 prevé expresamente que esta determinación puede realizarse «sólo o conjuntamente con otros».

41.- Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que el artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).

Sobre la primera cuestión prejudicial, letras a) a d), relativas al ámbito de aplicación territorial de la Directiva 95/46

42.- Mediante su primera cuestión prejudicial, letras a) a d), el tribunal remitente desea que se aclare si es posible aplicar la norma nacional que traspone la Directiva 95/46 en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal.

43.- En este marco, el tribunal remitente considera acreditados los siguientes hechos:

— Google Search se presta a nivel mundial a través del sitio de Internet «www.google.com». En muchos países existen versiones locales adaptadas al idioma nacional. La versión española de Google Search se presta a través del sitio www.google.es, dominio que tiene registrado desde el 16 de septiembre de 2003. Google Search es uno de los motores de búsqueda más utilizados en España.

— Google Inc. (empresa matriz del grupo Google), con domicilio en los Estados Unidos, gestiona Google Search.

— Google Search indexa páginas web de todo el mundo, incluyendo páginas web ubicadas en España. La información indexada por sus «arañas» o robots de indexación, es decir, programas informáticos utilizados para rastrear y realizar un barrido del contenido de páginas web de manera metódica y automatizada, se almacena temporalmente en servidores cuyo Estado de ubicación se desconoce, ya que este dato es secreto por razones competitivas.

— Google Search no sólo facilita el acceso a los contenidos alojados en las páginas web indexadas, sino que también aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de búsqueda introducidos por los internautas, contratada, a cambio de un precio, por las empresas que desean utilizar esta herramienta para ofrecer sus bienes o servicios a éstos.

— El grupo Google utiliza una empresa filial, Google Spain, como agente promotor de venta de los espacios publicitarios que se generan en el sitio de Internet «www.google.com». Google Spain tiene personalidad jurídica propia y domicilio social en Madrid, y fue creada el 3 de septiembre de 2003. Dicha empresa dirige su actividad fundamentalmente a las empresas radicadas en España, actuando como agente comercial del grupo en dicho Estado miembro. Tiene como objeto social promocionar, facilitar y procurar la venta de productos y servicios de publicidad «on line» a través de Internet para terceros, así como la comercialización de esta publicidad.

— Google Inc. designó a Google Spain como responsable del tratamiento en España de dos ficheros inscritos por Google Inc. ante la AEPD; el objeto de tales ficheros era almacenar los datos de las personas relacionadas con los clientes de servicios publicitarios que en su día contrataron con Google Inc.

44.- Concretamente, el tribunal remitente se pregunta, con carácter principal, sobre el concepto de «establecimiento», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46, y sobre el de «recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro», en el sentido del mencionado artículo 4, apartado 1, letra c).

Primera cuestión prejudicial, letra a)

45.-  Mediante su primera cuestión prejudicial, letra a), el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando se cumplen uno o varios de los tres requisitos siguientes:

— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del motor, que dirige su actividad a los habitantes de ese Estado, o

— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa, o

— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos personales, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria.

46.-  Por lo que respecta al primer requisito, el tribunal remitente señala que Google Inc. gestiona técnica y administrativamente Google Search y que no está probado que Google Spain realice en España una actividad directamente vinculada a la indexación o al almacenamiento de información o de datos contenidos en los sitios de Internet de terceros. Sin embargo, la actividad de promoción y venta de espacios publicitarios, de la que Google Spain es responsable para España, constituye la parte esencial de la actividad comercial del grupo Google y puede considerarse que está estrechamente vinculada a Google Search.

47.-  El Sr. CG, los Gobiernos español, italiano, austriaco y polaco y la Comisión consideran que, habida cuenta del vínculo indisociable entre la actividad del motor de búsqueda gestionado por Google Inc. y la de Google Spain, ésta debe considerarse un establecimiento de aquélla, en el marco de cuyas actividades se lleva a cabo el tratamiento de datos personales. En cambio, según Google Spain, Google Inc. y el Gobierno helénico, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 no se aplica en el supuesto de que se esté ante el primero de los tres requisitos enumerados por el tribunal remitente.

48.- Sobre este particular, procede recordar, en primer lugar, que el considerando 19 de la Directiva aclara que «el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable», y «que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante».

49.- Pues bien, no se discute que Google Spain se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable en España. Además, al estar dotada de personalidad jurídica propia, es de este modo una filial de Google Inc. en territorio español, y, por lo tanto, un «establecimiento», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46.

50.- Para cumplir el requisito establecido en dicha disposición, es necesario además que el tratamiento de datos personales por parte del responsable del tratamiento se «lleve a cabo en el marco de las actividades» de un establecimiento de dicho responsable situado en territorio de un Estado miembro.

51.- Google Spain y Google Inc. niegan que éste sea el caso, dado que el tratamiento de datos personales controvertido en el litigio principal lo lleva a cabo exclusivamente Google Inc., que gestiona Google Search sin ninguna intervención por parte de Google Spain, cuya actividad se limita a prestar apoyo a la actividad publicitaria del grupo Google, que es distinta de su servicio de motor de búsqueda.

52.- No obstante, como subrayaron, en particular, el Gobierno español y la Comisión, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 no exige que el tratamiento de datos personales controvertido sea efectuado «por» el propio establecimiento en cuestión, sino que se realice «en el marco de las actividades» de éste.

53.- Además, visto el objetivo de la Directiva 95/46 de garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, ésta expresión no puede ser objeto de una interpretación restrictiva (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apartados 62 y 63).

54.- En este marco, cabe señalar que se desprende, concretamente de los considerandos 18 a 20 y del artículo 4 de la Directiva 95/46, que el legislador de la Unión pretendió evitar que una persona se viera excluida de la protección garantizada por ella y que se eludiera esta protección, estableciendo un ámbito de aplicación territorial particularmente extenso.

55.- Habida cuenta de este objetivo de la Directiva 95/46 y del tenor de su artículo 4, apartado 1, letra a), procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa «en el marco de las actividades» de dicho establecimiento si éste está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor.

56.- En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades.

57.- Sobre este particular, es necesario recordar que, como se ha precisado en los apartados 26 a 28 de la presente sentencia, la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de resultados está acompañada, en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda, es obligado declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el caso de autos el territorio español.

58.- En tales circunstancias, no se puede aceptar que el tratamiento de datos personales llevado a cabo para el funcionamiento del mencionado motor de búsqueda se sustraiga a las obligaciones y a las garantías previstas por la Directiva 95/46, lo que menoscabaría su efecto útil y la protección eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas que tiene por objeto garantizar (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, EU:C:2011:474, apartados 62 y 63), en particular, el respeto de su vida privada en lo que respecta al tratamiento de datos personales, al que esta Directiva concede una importancia especial, como confirman, concretamente, su artículo 1, apartado 1, y sus considerandos 2 y 10 (véanse, en este sentido, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, EU:C:2003:294, apartado 70; Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, apartado 47, e IPI, C‑473/12, EU:C:2013:715, apartado 28 y jurisprudencia citada).

59.- En la medida en que el primero de los tres requisitos enumerados por el tribunal remitente basta por sí mismo para concluir que un establecimiento como Google Spain cumple el criterio recogido en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46, no es necesario examinar los otros dos requisitos.

60.- De lo anterior se deduce que procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra a), que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

Primera cuestión prejudicial, letras b) a d)

61.- En vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, letra a), no es preciso contestar a la primera cuestión, letras b) a d).

Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), relativa al alcance de la responsabilidad del gestor de un motor de búsqueda en virtud de la Directiva 95/46

62.- Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), el tribunal remitente desea saber, en esencia, si los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en sí misma en dichas páginas sea lícita.

63.- Google Spain y Google Inc. consideran que, en virtud del principio de proporcionalidad, cualquier solicitud que tenga por objeto que se elimine información debe dirigirse al editor del sitio de Internet de que se trate, ya que éste es quien asume la responsabilidad de publicar la información, quien puede examinar la licitud de esta publicación y quien dispone de los medios más eficaces y menos restrictivos para hacer que esa información sea inaccesible. Además, consideran que imponer al gestor de un motor de búsqueda que retire de sus índices información publicada en Internet no tiene suficientemente en cuenta los derechos fundamentales de los editores de sitios de Internet, del resto de los internautas y del propio gestor.

64.- Según el gobierno austriaco, una autoridad de control nacional únicamente puede ordenar a tal gestor que borre de sus ficheros información publicada por terceros si anteriormente se ha declarado la ilegalidad o la inexactitud de los datos controvertidos o si el interesado ha ejercido con éxito su derecho de oposición ante el editor del sitio de Internet en el que se ha publicado la información.

65.- El Sr. CG, los Gobiernos español, italiano y polaco y la Comisión consideran que la autoridad nacional puede ordenar directamente al gestor de un motor de búsqueda que retire de sus índices y de su memoria intermedia información que contiene datos personales publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al editor de la página web en la que se ubica dicha información. Además, a juicio del Sr. CG, de los Gobiernos español e italiano y de la Comisión, el que dicha información se publicara de forma lícita y que siga figurando en la página web de origen carece de relevancia sobre las obligaciones de dicho gestor con arreglo a la Directiva 95/46. En cambio, para el Gobierno polaco, este hecho le libera de sus obligaciones.

66.- Con carácter previo, procede recordar que, como se desprende de su artículo 1 y de su considerando 10, la Directiva 95/46 tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, sobre todo de su vida privada, en relación con el tratamiento de datos personales (véase, en este sentido, la sentencia IPI, EU:C:2013:715, apartado 28).

67.- Según el considerando 25 de la Directiva 95/46, los principios de la protección que ésta establece tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas que efectúen tratamientos –obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento–, y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias.

68.- El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva 95/46, en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y, en particular, contra el derecho a la intimidad, deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta (véanse, en particular, las sentencias Connolly/Comisión, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 37, y Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294, apartado 68).

69.- De este modo, el artículo 7 de la Carta garantiza el respecto de la vida privada, mientras que el artículo 8 de la Carta proclama expresamente el derecho a la protección de los datos personales. Los apartados 2 y 3 de este último precisan que estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley, que toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación y que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. Aplican estos requisitos, en particular, los artículos 6, 7, 12, 14 y 28 de la Directiva 95/46.

70.- En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, éste dispone que los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos. Esta última aclaración, relativa al supuesto del incumplimiento de algunos requisitos recogidos en el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46, tiene carácter de ejemplo y no es taxativa, de lo que se desprende que la falta de conformidad del tratamiento, que puede ofrecer al interesado el derecho garantizado por el artículo 12, letra b), de dicha Directiva, puede también derivarse del incumplimiento de otros requisitos de legalidad impuestos por ésta al tratamiento de datos personales.

71.- Sobre este particular, procede recordar que, no obstante las excepciones admitidas al amparo del artículo 13 de la Directiva 95/46, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme, por una parte, con los principios relativos a la calidad de los datos, enunciados en el artículo 6 de dicha Directiva, y, por otra, con alguno de los principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, enumerados en el artículo 7 de la Directiva (véanse las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294, apartado 65; ASNEF y FECEMD, C‑468/10 y C‑469/10, EU:C:2011:777, apartado 26, y Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, apartado 33).

72.- A tenor de este artículo 6 y sin perjuicio de las disposiciones específicas que los Estados miembros puedan establecer para el tratamiento con fines históricos, estadísticos o científicos, incumbe al responsable del tratamiento garantizar que los datos personales sean «tratados de manera leal y lícita», que sean «recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines», que sean «adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente», que sean «exactos y, cuando sea necesario, actualizados», y, por último, que sean «conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente». En este marco, el mencionado responsable debe adoptar todas las medidas razonables para que los datos que no responden a los requisitos de esta disposición sean suprimidos o rectificados.

73.- En cuanto a la legitimación, en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46, de un tratamiento como el controvertido en el litigio principal efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, éste puede estar incluido en la razón recogida en dicho artículo 7, letra f).

74.- Esta disposición permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular, su derecho al respeto de su vida privada, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la Directiva. De este modo, la aplicación del mencionado artículo 7, letra f), precisa de una ponderación de los derechos e intereses en liza de que se trate, en cuyo marco debe tenerse en cuenta la importancia de los derechos del interesado, que resulta de los artículos 7 y 8 de la Carta (véase la sentencia ASNEF y FECEMD, EU:C:2011:777, apartados 38 y 40).

75.- Aunque la conformidad del tratamiento con los artículos 6 y 7, letra f), de la Directiva 95/46 puede comprobarse en el marco de una solicitud, en el sentido del artículo 12, letra b), de esta Directiva, el interesado puede además invocar en determinados supuestos el derecho de oposición previsto en el artículo 14, párrafo primero, letra a), de ésta.

76.- Según dicho artículo 14, párrafo primero, letra a), los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7 de la Directiva 95/46, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. La ponderación que ha de efectuarse en el marco de dicho artículo 14, párrafo primero, letra a), permite así tener en cuenta de modo más específico todas las circunstancias que rodean a la situación concreta del interesado. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos.

77.- El interesado puede dirigir las solicitudes con arreglo a los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 directamente al responsable del tratamiento, que debe entonces examinar debidamente su fundamento y, en su caso, poner fin al tratamiento de los datos controvertidos. Cuando el responsable del tratamiento no accede a las solicitudes, el interesado puede acudir a la autoridad de control o a los tribunales para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas en consecuencia.

78.- A este respecto, procede recordar que se deriva del artículo 28, apartados 3 y 4, de la Directiva 95/46 que toda autoridad de control entenderá de las solicitudes de cualquier persona relativas a la protección de sus derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales y que dispone de poderes de investigación y de poderes efectivos de intervención, que le permiten, en particular, ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o prohibir provisional o definitivamente un tratamiento.

79.- Deben interpretarse y aplicarse a la luz de estas consideraciones las disposiciones de la Directiva 95/46 que regulan los derechos del interesado cuando la autoridad de control o los tribunales conocen de una solicitud como la controvertida en el litigio principal.

80.- A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, como se ha afirmado en los apartados 36 a 38 de la presente sentencia, un tratamiento de datos personales como el controvertido en el litigio principal, efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros, C‑509/09 y C‑161/10, EU:C:2011:685, apartado 45).

81.- Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública.

82.- Como resultado del examen de los requisitos de aplicación de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46, que se ha de realizar cuando conocen de una solicitud como la controvertida en el litigio principal, la autoridad de control o el órgano jurisdiccional pueden ordenar a dicho gestor eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, sin que una orden en dicho sentido presuponga que ese nombre o esa información sean, con la conformidad plena del editor o por orden de una de estas autoridades, eliminados con carácter previo o simultáneamente de la página web en la que han sido publicados.

83.- En efecto, como se ha afirmado en los puntos 35 a 38 de la presente sentencia, en la medida en que el tratamiento de datos personales llevado a cabo en la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores de sitios de Internet y se añade a éste y afecta de modo adicional a los derechos fundamentales del interesado, el gestor de este motor, como responsable del tratamiento, debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicho tratamiento cumple los requisitos de la Directiva 95/46, para que las garantías que ella establece puedan tener pleno efecto.

84.- A este respecto, cabe señalar que, habida cuenta de la facilidad con que la información publicada en un sitio de Internet puede ser copiada en otros sitios y de que los responsables de su publicación no están siempre sujetos al Derecho de la Unión, no podría llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados si éstos debieran obtener con carácter previo o en paralelo la eliminación de la información que les afecta de los editores de sitios de Internet.

85.- Además, el tratamiento por parte del editor de una página web, que consiste en la publicación de información relativa a una persona física, puede, en su caso, efectuarse «con fines exclusivamente periodísticos» y beneficiarse, de este modo, en virtud del artículo 9 de la Directiva 95/46, de las excepciones a los requisitos que ésta establece, mientras que ése no es el caso en el supuesto del tratamiento que lleva a cabo el gestor de un motor de búsqueda. De este modo, no puede excluirse que el interesado pueda en determinadas circunstancias ejercer los derechos recogidos en los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 contra el gestor, pero no contra el editor de dicha página web.

86.- Por último, debe observarse que no sólo la razón que justifica, en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46, la publicación de un dato personal en un sitio de Internet no coincide forzosamente con la que se aplica a la actividad de los motores de búsqueda, sino que, aun cuando éste sea el caso, el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto que ha de llevarse a cabo en virtud de los artículos 7, letra f), y 14, párrafo primero, letra a), de la mencionada Directiva puede divergir en función de que se trate de un tratamiento llevado a cabo por un gestor de un motor de búsqueda o por el editor de esta página web, dado que, por un lado, los intereses legítimos que justifican estos tratamientos pueden ser diferentes, y, por otro, las consecuencias de estos tratamientos sobre el interesado, y, en particular, sobre su vida privada, no son necesariamente las mismas.

87.- En efecto, en la medida en que la inclusión, en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda llevada a cabo a partir del nombre de una persona, de una página web y de información contenida en ella relativa a esta persona facilita sensiblemente la accesibilidad de dicha información a cualquier internauta que lleve a cabo una búsqueda sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo para la difusión de esta información, puede constituir una injerencia mayor en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado que la publicación por el editor de esta página web.

88.- A la luz del conjunto de consideraciones precedentes procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

Sobre la tercera cuestión prejudicial, relativa al alcance de los derechos del interesado garantizados por la Directiva 95/46

89.- Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que permiten al interesado exigir al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, debido a que estos datos e información pueden perjudicarle o que desee que estos datos e información se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo.

90.- Google Spain, Google Inc., los Gobiernos helénico, austriaco y polaco y la Comisión consideran que debe darse una respuesta negativa a esta cuestión. Google Spain, Google Inc., el Gobierno polaco y la Comisión alegan a este respecto que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 confieren derechos a los interesados únicamente a condición de que el tratamiento controvertido sea incompatible con dicha Directiva o por razones legítimas propias de su situación particular, y no por la mera razón de que consideren que este tratamiento puede perjudicarles o deseen que los datos objeto de ese tratamiento caigan en el olvido. Los Gobiernos helénico y austriaco consideran que el interesado debe dirigirse al editor del sitio de Internet de que se trate.

91.- El Sr. CG y los Gobiernos español e italiano son de la opinión de que el interesado puede oponerse a la indexación de sus datos personales por un motor de búsqueda cuando la difusión de estos datos por la intermediación de éste le perjudica y de que sus derechos fundamentales a la protección de dichos datos y de respeto a la vida privada, que engloban el «derecho al olvido», prevalecen sobre los intereses legítimos del gestor de dicho motor y el interés general en la libertad de información.

92.- En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, cuya aplicación está sometida al requisito de que el tratamiento de datos personales sea incompatible con dicha Directiva, es necesario recordar que, como se ha señalado en el apartado 72 de la presente sentencia, tal incompatibilidad puede resultar no sólo de que los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos.

93.- Se deduce de estos requisitos, establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras c) a e), de la Directiva 95/46, que incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido.

94.- Por consiguiente, en el supuesto en el que se aprecie, tras una solicitud del interesado en virtud del artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, que la inclusión en la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, es, en la situación actual, incompatible con dicho artículo 6, apartado 1, letras c) a e), debido a que esta información, habida cuenta del conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso de autos, es inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los fines del tratamiento en cuestión realizado por el motor de búsqueda, la información y los vínculos de dicha lista de que se trate deben eliminarse.

95.- En lo que atañe a las solicitudes en el sentido de este artículo 12, letra b), basadas en el supuesto incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 y con arreglo al artículo 14, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, ha de señalarse que cada tratamiento de datos personales debe ser legítimo, en virtud del artículo 7, durante todo el período en el que se efectúa.

96.- Visto lo que antecede, al apreciar tales solicitudes presentadas contra un tratamiento como el controvertido en el litigio principal, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre. A este respecto, cabe señalar que la apreciación de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado.

97.- Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

98.- En relación con una situación como la del litigio principal, que se refiere a la presentación, en la lista de resultados que el internauta obtiene al efectuar una búsqueda a partir del nombre del interesado con ayuda de Google Search, de vínculos a dos páginas de archivos en línea de un periódico que contienen anuncios que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una subasta inmobiliaria vinculada a un embargo por deudas a la Seguridad Social, es preciso considerar que, teniendo en cuenta el carácter sensible de la información contenida en dichos anuncios para la vida privada de esta persona y de que su publicación inicial se remonta a 16 años atrás, el interesado justifica que tiene derecho a que esta información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. Por tanto, en la medida en que en el caso de autos no parece existir razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso a esta información en el marco de tal búsqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, el interesado puede, en virtud de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46, exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados.

99.- De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados, obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

V Costas

100.-  Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

VI En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).

2) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

3) Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

4) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

EL DERECHO Y LA BASE DE DATOS DESDE MICROSOFT WORD


 

word

Tutorial: Búsqueda de jurisprudencia, leyes, formularios, convenios, etc. desde microsoft word (dar clic en este link para ver el vídeo)

Requisitos del sistema:

Conectar con clave y usuario de UV

Conectar el remoto desde las redes o desde el software VPN Microsoft word compatible